Poder por defecto de los jueces

Cuando la política se judicializa, la justicia se politiza, se dice con frecuencia y casi siempre con acierto. También se afirma que si la política se parapeta detrás de las togas para eludir el coste político -electoral, al menos- de tomar decisiones de excepcional trascendencia, se da pie al gobierno de los jueces. Se sostiene asimismo que al ausentarse la política e imponerse los procedimientos judiciales, se inviste a los jueces de un poder que no les corresponde. Y así se podría seguir hasta concluir que la preminencia del poder de los jueces sobre otros poderes del Estado lleva inexorablemente a una adulteración o falseamiento de la división de poderes a la que se acogen todos los estados democráticos.

La expresión gobierno de los jueces fue acuñada despectivamente en Francia a principios del siglo XIX para referirse a la intromisión de estos en la interpretación de la ley escrita. Mientras en Estados Unidos el juez John Marshall, presidente del Tribunal Supremo durante 34 años (1801-1835), atribuía a la corte que presidía el control constitucional de las leyes que aprobaba el Congreso, y esta pareció una función necesaria, no una intromisión, hasta bien entrado el siglo XX se mantuvo la discusión acerca de hasta qué punto los jueces debían mantener cierto grado de autonomía en la interpretación de las leyes aprobadas por el Parlamento, en el seno de un sistema de contrapeso de poderes o, en sentido contrario, hasta dónde convenía limitar su capacidad interpretativa, subordinados a los órganos políticos representativos.

El proceso independentista

Este debate académico y práctico tiene poco que ver con la apelación que se hace ahora con relación a la peripecia judicial que afecta a los líderes del proceso independentista en Catalunya. Porque tal situación es consecuencia directa de la que la precedió: remitir a los tribunales lo que en puridad debía haberse negociado en instancias políticas capacitadas para modificar la ley –incluida la Constitución– si era esta un obstáculo insalvable para dar a la crisis una solución aceptable para ambas partes. Quizá nunca se hubiese llegado a hablar de un presunto gobierno de los jueces si se hubiese renunciado a sacralizar la ley y se hubiese optado por reformarla (una operación compleja, farragosa, incómoda, políticamente costosa, pero necesaria).

 El espectáculo en curso -prisiones preventivas, manifestaciones en la calle, huidas al extranjero, euroórdenes, TV-3 a toda máquina- tiene poco de sanador y mucho de desasosegante. Se cumple la ley, se dice, pero nadie tiene respuesta para la gran pregunta: ¿en qué puede acabar todo esto? ¿Han de ser los jueces los que tengan la última palabra en un conflicto que divide a la opinión pública -en Catalunya, pero también en el resto de España- y ha hecho rebosar el vaso de las emociones? ¿Acaso el único futuro posible es institucionalizar la crisis?

Tagentopoli y Berlusconi

Tagentopoli y BerlusconiEn la Italia de 1992 también se habló del gobierno de los jueces cuando la Operación Manos Limpias hizo saltar por los aires el sistema de partidos consolidado en la posguerra. Con la pretensión de sanear el Estado, los tribunales fueron a la busca y captura de los políticos que corrompieron las instituciones -Bettino Craxi, el más renombrado- y gestionaron un sistema bautizado como Tangentopoli (de tangente, soborno en italiano). Pareció al principio que al ventilar los salones del poder, los jueces devolvían la dignidad al Estado, pero dos años después ganó las elecciones Silvio Berlusconi, compendio de toda clase de corruptelas, abusos y conflictos de intereses. La izquierda decente se deslizó por una pendiente que parece no tener fin, la derecha desperdigada se unió en diferentes formas de populismo tonante y el resto busca hoy refugio en los gags de Beppe Grillo.

Nada diferente a la política vale para hacer política, ni en Italia ni aquí. Parafraseando al barón de Montesquieu, Gregorio Peces-Barba escribió que "los jueces son una boca que crea derecho y que controla a los restantes poderes". "Pero su poder está poco controlado -añadió- e incluso surgen ámbitos nuevos de reflexión doctrinal para legitimarlo y justificarlo". Un poder reforzado ahora por defecto -la instrucción de Pablo Llarena- a causa de la deserción de los políticos, personados en el juzgado de guardia o en los gabinetes de propaganda 'ad hoc', tan abundantes y variados -radios, periódicos, tertulias monocolores-, conectados al teléfono de la fiscalía o sometidos a las consignas de los huidizos gurús del 'procés', obligados a esperar todos ellos que la justicia emita veredicto algún día. ¡Qué desastre!