Pobreza energética: compromiso y contundencia

Garantizar el acceso a los suministros básicos, el agua, la luz, el gas, es una simple cuestión de derechos humanos fundamentales. Y como tal, no puede depender del dinero que tienes. Estamos hablando del 9% de la población de Catalunya según la última encuesta de condiciones de vida. Por dignidad, no podemos permitir que haya vecinos en nuestra ciudad que se vean en esta situación de vulnerabilidad.

Así lo ha entendido siempre el Ayuntamiento de Barcelona y sus servicios sociales. Y por eso estos intervenían para evitar estas situaciones, incluso de forma proactiva antes de que se produjeran cortes de esos servicios. Cabe decir, sin embargo, que mientras tanto las compañías suministradoras no perdían un centavo y se lavaban las manos. Pero ahora tenemos más instrumentos, como la ley 24/2015 sobre pobreza energética y emergencia habitacional. Una ley que por primera vez también exige un ejercicio de corresponsabilidad en estas compañías.

CAMBIO DE PARADIGMA

Se trata de un cambio de paradigma. Las compañías suministradoras de gas, electricidad y agua gestionan un servicio básico. No pueden hacer ver que no va con ellas.

No es casual, pues, que esta ley esté encontrando tantas dificultades para aplicarse. Destaca muy especialmente en ello el Gobierno del PP, que la recurre ante el Tribunal Constitucional para intentar suspenderla. Y por supuesto las mismas compañías suministradoras, que se negaron a aplicarla y se han mostrado inflexibles en toda tentativa de diálogo por nuestra parte.

Desgraciadamente, también tenemos que lamentar la lentitud en la implementación por parte de la Generalitat. Sin duda esta institución tendría más poder para enfrentarse a las compañías y forzarlas a comprometerse. Pero ni siquiera ha aprobado un reglamento que permita desarrollar las partes no suspendidas, como las referidas al combate contra la pobreza energética, y refundir el régimen sancionador. Además, la ley prevé que hay que aprobar convenios con las suministradoras y las administraciones para aplicar descuentos, condonar la deuda y evitar cortes de suministro. Realmente tendría sentido que estos convenios fueran a nivel de Catalunya, y no de cada municipio del país.

INICIATIVAS MUNICIPALES

Pero han sido los ayuntamientos, en particular los ayuntamientos del cambio, quienes han liderado su desarrollo. Y en particular el Ayuntamiento de Barcelona donde nos hemos dotado de la cobertura legal, y somos la primera ciudad que lo hace, para exigir que las suministradoras cumplan la ley y para multar si no es así, y de manera efectiva. Hace unos días aprobó una instrucción que supone el desarrollo y aplicación de la ley 24/2015 en Barcelona. Y que establece multas coercitivas y sanciones en caso de que se incumpla la norma y que pueden llegar hasta los 100.000 euros. Y también un proceso con garantías jurídicas para hacerlo efectivo.

La instrucción establece que corresponde a las empresas informar a sus clientes de sus derechos recogidos en la ley 24/2015 en cualquier aviso que haga referencia a la falta de pago del servicio, e incluir también información sobre tarifas sociales o de otras ayudas que hayan establecido, así como los mecanismos de mediación o arbitraje a los que pueden acceder.

CONDONACIÓN DE LA DEUDA

Asimismo también hemos trasladado a las empresas una nueva propuesta de convenio que contempla la condonación de la deuda de las personas vulnerables y la obligatoriedad de las empresas de reducir la tarifa y la potencia contratada a todas las familias que dispongan del informe que acredite su situación de exclusión.

Se plantea también, entre otras, la necesidad de que promuevan descuentos y tarifas sociales de acuerdo con los ingresos, la implantación del 'bono social' de forma proactiva a consumidores vulnerables, que faciliten información comprensible sobre consumos, tarifas y potencias, que simplifiquen los trámites con la puesta en marcha de ventanillas únicas, y que realicen auditorías energéticas gratuitas.

Máximo compromiso y máxima contundencia para combatir la pobreza energética. Y en eso todo el mundo tiene que poner de su parte. El Ayuntamiento de Barcelona ya lo hace, invitamos al resto a hacerlo. Animamos también a la ciudadanía a denunciar los casos donde sus derechos se vulneran. Ahora tenemos instrumentos para cumplir y hacer cumplir la ley. Por el derecho a los suministros básicos. Por los derechos humanos fundamentales.