¿Peajes para todos?

Ahora que empiezan a vencer las concesiones de autopistas más antiguas, entre las que destacan las del corredor mediterráneo, y que en algunos casos han llegado a alargarse casi un cuarto de siglo más allá de cuando vencían inicialmente, precisamente ahora, algunos dirigentes políticos se dan cuenta de que no es justo que en una parte del país se pague por poder circular por vías de alta velocidad, y en la otra mitad sea gratuito. ¿Les suena? El ministro de Fomento, José Luís Ábalos, ha vuelto a insistir esta semana en la necesidad de abrir un ampio debate político para buscar algún tipo de solución que permita sufragar el coste del mantenimiento de la red vial. Ya lanzó este discurso hace unos meses, pero no tuvo demasiado éxito. 

Además de las palabras, ahora el Gobierno ha pasado a la acción y ha puesto lo que podría considerarse la primera piedra para hacer posible que un día, si hay consenso para ello, el Estado cobre algún tipo de peaje por circular por las autopistas y otras carreteras para poder mantenerlas sin mermar ingresos de los presupuestos del Estado que podrían dedicarse a otros fines. Mediante un real decreto que reforma la ley de carreteras con carácter de urgencia se ha abierto la puerta legal para que la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa) pueda explotar, "entre otras", las autopistas que reviertan al Estado. El detalle del "entre otras" no es menor, ya que amplía de cara al futuro el campo de acción de la citada sociedad pública. Otro artículo del decreto autoriza al ente público "para el cobro a los usuarios de las tarifas que fije el Consejo de Ministros". 

Es poco probable que este Gobierno en minoría quiera asumir en solitario la implantación de un sistema generalizado, coherente y más justo de autopistas de pago para el conjunto del Estado. Pero es más factible que use sus prerrogativas legales para poder recuperar, si lo considera necesario, algún tipo de peaje en las autopistas que recupere una vez vencida la concesión con el argumento de asegurar una buena conservación y bajo el principio de "pagar por uso". Lo lamentable de esta historia es el tiempo que se ha tardado en defender este tipo de argumentos, la diferencia de trato que se ha estado recibiendo en una u otra parte del país, y lo que se tardará, casi con toda seguridad, en adoptar un cambio significativo en la explotación de este tipo de infraestructuras. 

Porque, como sucede ahora con el tributo de las hipotecas, en ningún caso la solución que se adopte tendrá carácter retroactivo y nadie devolverá a los conductores que llevan medio siglo pagando peajes la parte que habrían pagado de menos si se hubiesen repartido de forma igual estas cargas en todas las autopistas del país, como se propone ahora.