¡No pasarán!

Llevar los asuntos políticos ante la justicia pone a magistrados y fiscales entre la espada y pared. Son ciudadanos y, en consecuencia, tienen unos derechos y unas obligaciones políticas que atender. No es fácil estar procesando un asunto tan político como el que dirime nada más y nada menos que la soberanía nacional y aislarse de las propias ideas y, con ellas, de los sentimientos. Hay quienes estos días perdonan la vida a los independentistas porque se encuentran “conmocionados” por la petición de penas en la causa del Tribunal Supremo. Me temo que, en este tema, como en casi todos, nadie se escapa de sus emociones y sus sentimientos, cosa que no hay que lamentar sino ponderar en su justa medida. A los fiscales de la Sala que juzgará a Junqueras y al resto de los acusados se les escapó en su escrito una expresión sumamente desafortunada al vincular las palabras de Jordi Cuixart a las puertas de la conselleria de Economia con la guerra civil. Dicen los fiscales “apeló también a la determinación mostrada en la guerra civil (empleando la expresión ¡no pasarán!)”. Ciertamente es un asunto espinoso en un texto firmado por cuatro personas y es de imaginar que largamente revisado vista la expectativa que había creado su publicación. Es una posición de parte, pero de una parte de esta causa sino de una parte de España.

Puigdemont y Torra simplifican en exceso la realidad cuando niegan el carácter democrático del actual Estado español y cuando se arrogan la representación del “pueblo catalán”. Pero con igual contundencia hemos de ser capaces de preguntarles a los fiscales del Supremo. ¿Quiénes son ellos? ¿Por dónde no pasarán? El reto para el actual Estado español no es derrotar al independentismo sino depurar esos resquicios que aparecen en momentos de máxima tensión y en los que algunos de sus funcionarios se sienten igualmente herederos de la Constitución del 78 y del alzamiento del 36. El independentismo no es “el” pueblo catalán pero el Estado también debe ser de todos.