El padrón de Vic y la inmigración

La decisión del Ayuntamiento de Vic de exigir a los extranjeros que pretendan empadronarse que tengan permiso de residencia vulnera tanto la ley de extranjería como la ley 4/1996 de bases de régimen local. También contradice los criterios fijados por el Consejo de Empadronamiento del Instituto Nacional de Estadística (INE), responsable del padrón municipal en toda España.

La expedición del certificado de empadronamiento no es una credencial de admisión que los ayuntamientos puedan o no conceder de acuerdo con sus intereses sociales, sino un acto administrativo que cada ayuntamiento debe hacer de las personas que residen. Si miramos lo que dice la página web del INE, vemos que «toda persona que resida en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida». En ningún momento cuestiona su situación jurídica. Y por lo que se refiere a los documentos que se deben acreditar, exige el DNI «o, tratándose de extranjeros, el documento que lo sustituya». En la totalidad de municipios españoles se ha considerado válido el pasaporte.

Con la aprobación en el año 2000 de la ley de extranjería se fijó un procedimiento de regularización por arraigo que exigía como primer requisito acreditar unos años de permanencia en España. El cómputo de este periodo comienza el día en que los inmigrantes se empadronaron. Por ello, negar la inscripción en el padrón significa negarles la posibilidad de acogerse al procedimiento que la ley prevé para regularizarlos. Además, si no se empadronan no podrán acogerse no solo a la cobertura sanitaria, sino tampoco a la educación, derecho del que, como dictaminó el Tribunal Constitucional, en su sentencia 236 del 2007, no puede privarse a los irregulares.

El legislador podría haber perfilado las condiciones del empadronamiento, bien en la ley de extranjería, bien en la ley de bases de régimen local, pero no lo ha hecho, habiendo lagunas sobre lo que es una vivienda. En Catalunya, el Síndic de Greuges lamentó en el 2008 la disparidad de criterios de los ayuntamientos en cuestiones como la exigencia de cédula de habitabilidad —de la que carecen muchos bajos y viviendas rurales— y los metros cuadrados. Recientemente, el Ayuntamiento de Reus ha endurecido los requisitos, lo que ha motivado un movimiento de rechazo, dado que no solo no ha solucionado el problema de lospisos patera—que nadie cuestiona que deben ser erradicados—, sino que ha generado un sinfín de trabas a ciudadanos españoles que no han podido acreditar las exigencias, viendo peligrar su acceso a la sanidad o la escolarización. Pero la disparidad de criterios que genera este vacío está en las condiciones de la vivienda, en ningún caso en la situación jurídica de las personas. En Badalona ha sido gracias a la mediación del ayuntamiento y las asociaciones, combinada con sanciones por cuestiones como el ruido, como se han eliminado la mayoría depisos patera.

Pero si ya es de manifiesta ilegalidad esta decisión de Ayuntamiento de Vic de no empadronar a los irregulares, también lo es la medida política que acompaña a la misma: la decisión de pasar a la policía, a iniciativa propia, los datos de los irregulares que residan en la ciudad o de aquellos que soliciten empadronarse y no posean el pertinente permiso. Ciertamente, la ley de extranjería y la ley de bases de régimen local establecen que la policía podrá acceder a los datos del padrón municipal. Pero, como recalcó la Agencia Española de Protección de Datos en el informe 39/2009, los ayuntamientos cederán a los cuerpos policiales los datos relativos «al domicilio de los afectados como consecuencia de una actividad investigadora» de actividades delictivas o contrarias a la seguridad pública a petición de la policía, no a iniciativa de los ayuntamientos.

El Ayuntamiento de Vic, gobernado por CiU, PSC y ERC, desea manifestar así que hace algo para frenar el impacto de la inmigración, pretendiendo acallar el discurso xenófobo de Plataforma per Catalunya, cuyo líder,Josep Anglada,no dudó en afirmar en el último congreso del partido que la mayoría de inmigrantes –con o sin papeles— son una chusma. Pero quienes comparten este discurso ignoran que sin estos inmigrantes toda la producción agrícola y ganadera, las residencias de ancianos o la mayor parte del servicio doméstico se desmoronarían. Llegaron a Osona porque la economía y las familias necesitaban esa mano de obra. Que vinieran con o sin papeles es algo que ha dependido de la legislación. La mayoría llegaron sin papeles y luego se regularizaron.

Con estas medidas, que el ayuntamiento sabe que jurídicamente tiene perdidas, su alcalde,Josep Maria Vila d’Abadal,lo que habrá conseguido es decir: nosotros no los hemos querido empadronar, pero Madrid no nos lo ha permitido; nosotros hemos pedido a la policía que los expulse, pero la policía no ha querido. Ha dado la razón aAngladay luego culpará a la ley de no poder expulsarlos. Es echar pelotas fuera y dar la razón a los xenófobos, y así no se solucionan los problemas de convivencia.

* Periodista. Autor de El libro de la inmigración en España.