ANÁLISIS
Macrocausa judicial y crisis de Estado
Sin que el soberanismo se haya atrevido casi ni a pedirlo, el Estado le ha vuelto a regalar la iniciativa política
Enric Marín
Periodista y profesor de la UAB
Enric Marín
Exactamente año después de que Oriol Junqueras y otros ocho exmiembros del Govern de la Generalitat entraran en prisión, se han hecho públicas las acusaciones de del Tribunal Supremo (TC), la Abogacía del Estado y la Audiencia Nacional. La coincidencia de calendario y la gravedad extrema de las peticiones penales invitan a pensar en un ritual de escarmiento ejemplar. Las peticiones para los 21 encausados oscilan entre los 25 años de prisión e inhabilitación de Junqueras y los 24.000 euros de multa y el año y 18 meses de inhabilitación para Mireia Boya. El torpe e insuficiente matiz introducido por la Abogacía del Estado -descartar la rebelión manteniendo la sedición- no puede contentar al soberanismo; pero Vox, PP y Cs lo presenten como la prueba definitiva de los pactos espurios de Sánchez con los "golpistas separatistas". Ni siquiera evitará el ridículo político y judicial ante Europa.
La pena que se pide para Junqueras es cinco años inferior a la condena del golpista Tejero. Lo que quiere decir que para la cúpula judicial española merece la misma consideración un golpe de estado militar que el intento de organizar un referéndum de autodeterminación. Todo es tan orwelliano que causa un espesísimo estupor.
¿Qué consecuencias políticas tiene la macrocausa judicial contra los lideres independentistas catalanes? Se trata de un hecho de excepcional densidad política que dejará sentir sus efectos en Catalunya, España y Europa. En Catalunya cierra el ciclo de confusión de los últimos meses. El juicio que arrancará en enero pondrá el foco de la atención mediática en Junqueras, presentado como el organizador de la imaginaria rebelión. El 'exilio' cede protagonismo político a los presos de forma definitiva: el centro de gravedad se traslada de Waterloo a Lledoners. También porque la dinámica de lucha antirrepresiva en la que entra el soberanismo tiene más fuerza de arrastre que las luchas intestinas propiciadas por la falta de estrategia.
En España se complica la gobernación de manera grave. Pedro Sánchez necesita tiempo, pero la aprobación de los Presupuestos ya parece un sudoku imposible. En Europa, el espectáculo de la macrocausa será mas indigerible que las imágenes de la violencia policial del 1 de octubre.
Sin que el soberanismo se haya atrevido casi ni a pedirlo, el Estado le ha vuelto a regalar la iniciativa política. Ninguna sorpresa: los errores del soberanismo catalán los acaban tapando y corrigiendo la imprudencia y la miopía de los poderes del Estado. La crisis del régimen del 78 muestra síntomas nuevos cada día, y la criminalización del independentismo catalán no hace más que ahondarla.
Mientras tanto, Santiago Abascal, Pablo Casado y Albert Rivera compiten animadamente en sectarismo, intolerancia y falta de sentido de estado. El panorama lo completa el protagonismo sobrevenido de las cloacas del Estado. El laureado comisario Villarejo, espía compulsivo y siniestro emulador de Mortadelo y Filemón, chantajea a jueces, políticos, empresarios y periodistas. Nadie parece respirar del todo tranquilo en la "Villa y Corte".
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