Nuevas reglas, nueva paridad

Una de las novedades previstas en la proposición de ley electoral catalana es la inclusión de listas desbloqueadas. Se trata de un sistema que permite al votante modificar, de forma total o parcial, el orden de candidatos preestablecido en una lista presentada por un partido. Lo que en un principio puede ser una buena noticia para la regeneración democrática, al dar más poder de elección al votante, puede convertirse en un obstáculo para la paridad de sexos en la representación política.

Según explican los politólogos Tània Verge y Pablo Simón en un análisis para los blogs Cercle Gerrymandering y Politikon, las listas desbloqueadas presentan problemas para la elegibilidad de las candidatas. Las mujeres son menos conocidas por el electorado porque tienen menor visibilidad en medios de comunicación y suelen ocupar puestos más bajos en las listas, algo que, de paso, complica su elección en distritos pequeños. También disponen de menos recursos para competir, ya sea en la experiencia política, al ser renovadas con más frecuencia, como en la captación de fondos.

Que haya más hombres que mujeres liderando candidaturas no sólo es un dato a tener en cuenta en las listas desbloqueadas, sino también en ámbitos como la magnitud de los distritos –en la ley electoral se pasaría de cuatro provincias a siete veguerías– o el grado de proporcionalidad. Temas que, por cierto, parecen ser de los que impiden llegar a un acuerdo entre los partidos catalanes. En términos de liderazgo, la ley poco puede hacer para garantizar un equilibrio. Haría falta revisar los mecanismos que tienen los partidos al escoger sus líderes para poder identificar algún sesgo de género, así como analizar las convenciones sociales sobre los atributos asociados al liderazgo de hombres y mujeres.

Ante los problemas que pueden plantear las listas desbloqueadas en concreto, Verge y Simón sugieren dos soluciones. La primera es adoptar listas cremallera que alternen hombres y mujeres, una propuesta defendida por ICV-EUiA y la CUP el miércoles y que el PPC descartó al considerar que no implicaba que un votante escogiera hombres y mujeres por igual. La otra medida es garantizar que los dos primeros puestos no estén ocupados por personas del mismo sexo y que, una vez ejercido el voto preferencial del ciudadano, se reordenaran los candidatos de las listas de aquellos partidos en los que no se hubiera conseguido un mínimo del 40% de uno de los dos sexos.

Sobre la idoneidad o no de establecer cuotas en las listas electorales, Verge ha realizado varios estudios sobre su impacto en los partidos catalanes. Los datos desmienten que se escojan mujeres menos capacitadas que los hombres o que haya problemas para encontrar candidatas. También que se seleccionen mujeres que no cuestionen las decisiones de los hombres y sean meras comparsas, uno de los temores de algunas posiciones feministas. Como conclusión, afirma que las cuotas no han alterado la calidad de la representación política, “sino que la ha hecho más justa” y que son la forma más rápida y efectiva para aumentar la presencia femenina en la política.

Todo lo mencionado no implica concluir que es mejor dejar las cosas tal como están. Cada sistema tiene ventajas e inconvenientes. La ley de igualdad actual, que impone un mínimo del 40% de uno de los dos sexos tanto en el total de la lista como en tramos de cinco puestos, se ideó pensando en el sistema electoral español y en el tipo de listas que existen. Siendo conscientes de ello, se trata de buscar los mecanismos que garanticen una presencia de hombres y mujeres equilibrada en un escenario político con nuevas normas de juego.