El TC nos quiere torear

El Tribunal Constitucional anda ahora enfrascado en encontrar la fórmula para que<strong> vuelvan las corridas de toros a Catalunya</strong>. Seis años hace que el Parlament las abolió a raíz de una ILP presentada por 180.000 personas. Entonces el mundo civilizado aplaudió y el PP se indignó. La cosa jurídica al servicio de que el Gobierno central mande y ordene argumenta que los toros son españoles, o sea competencia del Estado, y que el Parlament puede regularlos pero no prohibirlos. Ahora bien, aunque el TC acabe impugnando la ley catalana, los toros no volverán. Porque el Govern ha anunciado que no acatará la sentencia y pondrá tantas dificultades legales como pueda, porque el Ayuntamiento de Barcelona (donde están prohibidos incluso los correbous) prepara su estrategia jurídica para driblar al TC y, en definitiva, porque la mayoría de los catalanes y catalanas no quiere hacer del sufrimiento de un animal un espectáculo.

Nada nuevo bajo el sol que el TC quiera torearse a la Cámara catalana a petición o del Gobierno español o del PP. En abril el tribunal anuló parcialmente el decreto catalán de pobreza energética y emergencia habitacional. Los artículos suspendidos evitaban los desahucios de las personas más vulnerables mediando en casos de sobreendeudamiento y obligando a que los bancos ofrezcan un alquiler social y cedan temporalmente pisos vacíos a personas que lo han perdido todo. Esta misma semana el Govern de Junts pel Sí ha presentado un nuevo proyecto de ley antidesahucios para saltarse la suspensión del Constitucional, fruto de la cumbre que en mayo el president Carles Puigdemont realizó en el Palau de la Generalitat con alcaldes, partidos y entidades sociales. El nuevo texto legal estará redactado de tal manera que será muy difícil recurrirlo.

Catalunya sabe ser muy torera

Es de todos conocido que en el trasfondo de estos recursos legales y suspensiones jurídicas, sencilla y llanamente se encuentra el conflicto político entre el Gobierno español y el catalán. Pero es desolador ver cómo el alto tribunal se ocupa de anular decisiones que cuentan con el apoyo de una gran mayoría social en Catalunya y que pretenden precisamente que la vida de sus gentes mejore. Que el argumento esgrimido sea la invasión de competencias, o que el tema del que traten las leyes no importe, puede ser muy válido jurídicamente, pero es tristísimo socialmente. ¿O acaso el sentido último de existir de los poderes del Estado no es trabajar para construir una sociedad más justa e igualitaria? Y, finalmente, ¿el Constitucional no conoce la ley no escrita que reza que es mejor no mandar si sabes que no te van a obedecer, porque lo único que conseguirás es perder autoridad? ¿No se da cuenta de que es a él a quien torean?