No cabe un tonto más

El espectáculo que ha ofrecido el Tribunal Supremo en el lío de las hipotecas evidencia que en España no cabe un tonto más. La ley hipotecaria de 1993 es ambigua, y tanto puede interpretarse que el impuesto sobre actos jurídicos documentados tiene que ser abonado por el cliente como por el banco. Dos años después, el reglamento aprobado por el Gobierno de Felipe González pareció asentar la doctrina de que el sujeto pasivo de ese gravamen es el hipotecado.

Lo mismo sucede en Francia, Bélgica, Austria o Portugal, aunque seguramente en estos países el legislador no ha dejado resquicio a la duda. Cuestión diferente sería suprimir ese tributo (que no existe en Alemania, Reino Unidos u Holanda), pero el perjuicio no sería para la banca, sino para las autonomías, que cobran un porcentaje sobre la hipoteca que va del 0,5% al 1,5%. La Generalitat, que aplica el tipo más alto, recaudó en 2017 459 millones y en el conjunto de España la cifra se eleva hasta los 2.000 millones.

Hace dos semanas, la sala del Supremo especializada en materia tributaria cambió la doctrina, anulando en este punto el reglamento de 1995 por considerarlo contrario a la ley, lo que fue recibido con jubilo por la opinión pública. Ahora bien, al margen de que es ingenuo creer que la banca no va a endosar el coste a los clientes, quedó abierta la duda sobre la retroactividad del impuesto y con ello la inseguridad jurídica. La posibilidad de que las entidades financieras tuvieran que asumir el pago de los últimos años, arrastró el hundimiento de la bolsa, aunque finalmente quien hubiera tenido que devolver lo recaudado es la Administración. Decir lo contrario es populismo.

El presidente de lo Contencioso, Luis Díez-Picazo, cuyo papel en la gestión de esta crisis ha sido muy lamentable, convocó este lunes un pleno de magistrados ante un asunto de tanta importancia. Tras dos días de intensa discusión, el Supremo se dividió por la mitad y, en lugar de optar, por una solución salomónica (la banca asume el impuesto pero sin retroactividad), dio otro volantazo que nadie esperaba. El daño para la imagen de la justicia es enorme porque la impresión que queda es que esto se ha hecho para ayudar al sector bancario.

A pocos meses de que se inicie el juicio a los políticos del 'procés', el separatismo se ha lanzado a sacar provecho de este desaguisado para desacreditar a la justicia española. La denuncia del Govern contra Picazo y Carlos Lesmes, presidente del Supremo, señala que es un hueso que no van a dejar caer. Pero no es todo es culpa de unos jueces que ha actuado con mucha torpeza. Una cuestión tan delicada que hace tiempo que bailaba en el debate público no debería haberse judicializado.

El Gobierno español, tanto este como el anterior, debía haber puesto un cortafuegos mucho antes (el mismo decreto ley que ahora se aprobará) para evitar que el Supremo se hundiera en un mar de contradicciones ante la opinión pública. Es cierto que Pedro Sánchez ha actuado con gran olfato electoral y se ha apuntado un tanto considerable, pero el daño que unos y otros han causado a nuestra justicia es inquietante.