Nicaragua: protestas y represión

Las protestas que han estallado violentamente en Nicaragua desde la semana pasada no constituyen ninguna sorpresa. Muchos pensaban que algún día –más pronto que tarde- iban a ocurrir, pero nadie sabía cuándo ni por qué motivo. Estas dos últimas cuestiones ya se han resuelto: estallaron la semana pasada y el motivo fue una reforma de las pensiones y del Instituto Nacional de Seguridad Social.

La certeza de que algún día iban a estallar protestas se sustenta en que desde la vuelta de Daniel Ortega a la presidencia de la República en el 2007 este fue concentrando progresivamente todos los recursos del poder. Primero se apropió del FSLN y expulsó a los disidentes, luego cambió las reglas de juego electoral para minimizar la competencia, después puso fieles servidores en todas las ramas del Estado y finalmente controló los cuerpos armados. Con ello, y a pesar de existir libertad de prensa y realizar comicios en los que se han ido presentando diversos partidos, Ortega y los suyos han ido monopolizando el poder institucional y, gracias a las generosas transferencias de recursos del Gobierno venezolano de Hugo Chávez, también parte del económico.

Durante casi una década, mientras llegó dinero fresco de Venezuela, Ortega estableció alianzas tanto con los grandes empresarios como con los sectores más pobres. A los primeros les abrió un suculento mercado preferencial con los países del ALBA y les domesticó a los sindicatos, y a los segundos -que son la mayoría- les ofreció recursos a través de políticas sociales.

El problema ha surgido cuando, por un lado, se ha cortado el grifo venezolano y se ha deteriorado la economía y, por otro, se han ido cerrando espacios legales donde encauzar el malestar y la protesta. Así, sin la existencia de espacios autorizados para la disensión, cuando ha estallado una protesta el caos y la violencia se han adueñado del espacio público.

Los expertos sobre regímenes autoritarios –aquellos que celebran elecciones “con las cartas marcadas” para perpetuar a sus líderes en el poder- señalan que si bien estos consiguen evadir la incertidumbre el día de los comicios, cuando aparecen crisis sucesorias, protestas opositoras, o presiones desde el exterior se someten a un tipo de incertidumbre mucho más compleja. Al estallar este tipo de crisis, los regímenes autoritarios tienen poca capacidad de canalizar el disenso y nadie sabe si el aumento de la represión detiene o acelerara la descomposición del régimen.

En el caso que nos ocupa, las protestas contra Ortega difícilmente van a suponer el fin del régimen ni una democratización. La violencia con la que el Gobierno ha reaccionado través de la represión policial y de la movilización de grupos paramilitares dan cuenta de la poca voluntad de ceder el poder, más allá de hacer marcha atrás de la reforma del sistema de pensiones. Por otro lado, la oposición que ha salido a la calle no está vertebrada ni tiene una cabeza visible que los represente, y es difícil que suponga una alternativa viable. Con todo, los trágicos episodios vividos en las calles nicaragüenses, con más de 30 muertos, muestran la cara más cruel y canalla del régimen que se ha ido instaurando en Nicaragua.