La muerte no es el final

Las sabias palabras que dan nombre al famoso himno distan mucho de ser un consuelo en casos como en el de Diana Quer. Si bien se ha conseguido detener al presunto culpable, ahora empieza un periplo aún más largo y doloroso, el judicial.

Durante las primeras etapas de afrontamiento en el caso de una desaparición, se inicia un proceso de duelo de manera atípica, pues a la fase de negación se le suma la de la dolorosa incertidumbre del encuentro de la persona desaparecida, viva o muerta. En el segundo de los casos conllevará toda una suerte de especulaciones, como las que ahora mismo estamos viviendo, sobre las circunstancias y grado de violencia que rodearon los últimos instantes de esa vida. Un escarnio añadido sobre la pérdida de la esperanza al tener que asumir, ya de manera inexorable, la muerte. La culpa viene de serie, y se reviven los detalles que pudieron acompañar su fin como una manera de demostrar el acompañamiento. El desaparecido emerge con un mapa sobre su cuerpo que reclama la atención pericial para condicionar las consecuencias sobre el culpable.

Para los familiares comienza la confrontación del dolor, y para poder iniciar un duelo que suavice las heridas y devuelva a una realidad vapuleada, se reclama del Estado el castigo, la redención de la justicia. Se necesita, al menos, sentir que el arrebato del ser querido no queda impune. Se calcula que cada homicidio victimiza al menos a tres o cuatro personas diferentes de la fallecida por los efectos psicológicos, sociales y legales que produce, sin contar con la inseguridad subjetiva que se extiende a la población en general cada vez que no se aplica lo que se considera una condena ejemplar, un fallo penal con el que se reestablezca la equidad perdida.

Se calcula que cada homicidio victimiza al menos a tres o cuatro personas diferentes de la fallecida

Es precisa una aplicación legal contundente, que cumpla su misión social sin desatinos. A la espera del desarrollo del juicio y de los resultados de la autopsia, con unas primeras atribuciones de detención ilegal y homicidio doloso, si es que no deriva en asesinato, no sería extraño que nos encontrásemos de nuevo ante un perfil criminal descrito por Robert K. Ressler como agresor sexual hiperviolento, para lo cual ni es preciso que haya habido acción sexual sobre la víctima, ya que el punto de enfoque es su disfunción y las conductas desordenadas que, en el caso del Chicle son manifiestas dados sus antecedentes. Sí sería preciso que se hubiese dado este hecho y que se sumase a la calificación de asesinato para que esa contundencia reclamada, incluso explícitamente en el comunicado del padre, concluyese en una condena de prisión permanente revisable.

Será la justicia la que tenga la última palabra y la que deba dilucidar entre los dos enfoques, homicidio doloso con prisión de entre 10 y 15 años, o agravado, entre los 15 y 23 años, considerando o no como atenuante la confesión del autor, aunque tanto el tiempo transcurrido como su identificación por la Guardia Civil alejan esta opción. La familia de Diana Quer y la ciudadanía merecen todo el respaldo de la justicia y el amparo del Estado.