Mobile, FBI y el código de la manzana

Un año más, el Mobile World Congress ha vuelto a convertir a Barcelona en el escaparate mundial del móvil. Un encuentro donde fabricantes de dispositivos, proveedores de servicios y operadores de telecomunicaciones aprovechan para presentar sus novedades y deslumbrantes avances tecnológicos. El móvil es ya la principal forma de comunicación e interacción de nuestros tiempos y tiene que estar permanentemente actualizado para satisfacer las exigencias y necesidades de cientos de millones de usuarios de todo el mundo.

Pero más allá de las presentaciones de las novedades de última generación, un debate sobrevuela este año el congreso: la negativa de Apple a colaborar con el FBI y la justicia norteamericana para desbloquear el iPhone del asesino de San Bernardino. Un desafío en toda regla entre la mayor compañía tecnológica y el Gobierno federal que ha entrado incluso en la campaña de las primarias a la Casa Blanca. Un conflicto entre el derecho a la intimidad y el derecho a la seguridad. Un debate fascinante por la defensa de nuestros derechos y libertades.

EL EJERCICIO DE UN DERECHO FUNDAMENTAL

Ciertamente, el ejercicio de un derecho fundamental puede colisionar con otro: la libertad de expresión y comunicación con el derecho al honor, por ejemplo. El ejercicio de un derecho fundamental no es ilimitado. Pero tampoco puede reducirse hasta tal punto que se desnaturalice su contenido. La racionalidad, la razonabilidad y la proporcionalidad de los límites son los criterios que deben tenerse en cuenta. Por eso se entiende que la limitación en el ejercicio de un derecho no puede afectar nunca a lo que se llama su contenido esencial. Así, según la doctrina, se estaría afectando al contenido esencial de un derecho fundamental cuando queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección.

Vayamos por partes: aparentemente la petición que la jueza Sheri Pym, de Los Ángeles, le está haciendo a Apple es que le permita acceder al móvil de un asesino para poder obtener más datos para su investigación. Eso podría parecer sensato y, por tanto, razonable. Pero en realidad, lo que la jueza pide no es ningún código de acceso, sino que debilite su sistema de seguridad para que el propio FBI lo pueda 'hackear' y acceder al contenido del dispositivo.

Ya hace tiempo que Apple trasladó a los usuarios la responsabilidad sobre el sistema de protección de sus terminales. Ahora, si alguien realiza más de 10 intentos fallidos al poner la contraseña, o hay más de 10.000 intentos (a través de un ataque programado) en un espacio breve de tiempo, el terminal se bloquea y se pierde la información. Por eso, lo que pretenden la jueza y el FBI es que Apple flexibilice el software de seguridad, de forma que puedan acceder a un dispositivo mediante la fuerza bruta, 'hackeando' el mecanismo de entrada. Si Apple accede, esa decisión técnica no servirá solo para poder entrar en ese iPhone, sino que el nuevo sistema de seguridad, más sencillo y vulnerable, será de aplicación universal y permitirá penetrar en cualquier otro dispositivo del mismo modelo, lo que afectará, por tanto, a nuestra privacidad. El precedente puede ser muy peligroso.

LA LIMITACIÓN DEL DERECHO A LA PRIVACIDAD

Por todo eso, el verdadero debate no reside donde el FBI y las autoridades gubernamentales quieren situarlo, esto es, en un conflicto entre privacidad y seguridad. Ese debate ya está resuelto. Cuando por orden judicial se piden datos sobre un ordenador o móvil, el operador, el fabricante o el titular de la red de telecomunicaciones, no tienen más remedio que facilitarlo. La limitación del derecho a la privacidad tendrá que estar bien fundamentada jurídicamente y er proporcionada atendiendo al hecho que se pretenda proteger, por ejemplo, la comisión de un delito. Apple ya lo ha hecho muchas veces.

El debate está en otro lado. El verdadero debate está en el equilibrio que necesariamente tiene que haber entre el derecho a la seguridad y el control que puedan ejercer los poderes públicos sobre nuestros actos. Una cosa es que la policía y la justicia velen por nuestra seguridad, y otra muy distinta es que nos vigilen y nos controlen. Si Apple cede, estará abriendo una puerta trasera de acceso  a todo un sistema operativo para que la policía (y detrás suyo, otros, por efecto de la vulnerabilidad provocada en el sistema de seguridad) pueda obtener miles de millones de datos, archivos, cuentas, contraseñas y contenidos de todos nosotros cuando quiera y sin autorización.

Apple debe mantenerse firme porque eso no solo afecta a su reputación como empresa (a quien confiamos nuestra seguridad), sino a nuestra privacidad y, por consiguiente a nuestra libertad. Su batalla es también nuestra batalla. Seguridad, sí. Toda. Control, no.