La Mina, la droga y sus responsables

Furgonetas de los Mossos d'Esquadra en La Mina, esta madrugada.

Furgonetas de los Mossos d'Esquadra en La Mina, esta madrugada. / periodico

JOAN GUIRADO

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Los Mossos d'Esquadra han vuelto a irrumpir esta pasada noche en el barrio de la Mina de Sant Adrià del Besòs. El objetivo, encontrar la droga que desde hace años se almacena en grandes bloques de edificios, lastimosamente dañados por el paso del tiempo, la inacción del hombre y una clara falta de compromiso de sus vecinos.

En la Mina la droga es como el agua en el río. Hay cantidad y, aunque a veces se disimula, todo el mundo sabe que aquello existe. La de ayer no es una operación aislada, es una más de las que se han ejecutado en los últimos años y que tienen en el punto de mira algunos clanes com Los Manolos, detenidos hace menos de dos años en su mayoría, pero que aún hoy vigilan algunas de las obras municipales bajo la contratación del ayuntamiento. Durante muchos años, el clientelismo de bajo nivel ha sido habitual en la Mina. 

El año 2002 se inició un plan de transformación en este barrio, capitaneado por el Consorci de la Mina, cuyo objetivo era derribar los grandes bloques donde viven 2000 personas y el tráfico de droga delincuencia común es muy habitual, y realojar todas las familias en 700 pisos de nueva construcción, en la zona marítima del barrio, hoy una de las más cotizadas con la construcción de la nueva universidad y, por ello, de las más especuladas.

El chiringuito en el que se ha convertido el Consorci de la Mina, donde su gerente Juan Luis Rosique cobra más que algún 'conseller' -al entorno de los 90.000 euros-, ha sido el causante  de que ese plan nunca se llevará a cabo. Más allá de la construcción de una biblioteca con fondos europeos infrautilizada por los vecinos del barrio, pues el ausentismo escolar ronda el 80%, el Consorci de la Mina ha hecho de gestor de fincas. Y lo ha hecho muy mal. Cobrando escandalosas cuotas a los vecinos, sin resolver los problemas estructurales básicos que sufren bloques como Venus. Recuerdo aún como hace dos veranos, una noche de julio, el 'conseller' Santi Vila tuvo que correr al barrio por el desprendimiento de parte del vestíbulo de un edificio. El gerente -Rosique-, haciendo caso omiso de los bomberos y para justificar su in(acción), tocaba los elementos aún existentes como prueba de su robustez, poniendo aún más en peligro la vida de todos.

Des del 2002, la Mina sigue como estaba. O aún peor. Los propietarios de Venus tienen sus pisos afectados por expropiación y los nuevos bloques que se habían construido para ellos, se han puesto en alquiler o venta vía protección oficial. Guardan otros tantos, que dicen que podrían ser para ellos pagando ciertas cantidades difíciles de asumir por ciudadanos con recursos muy limitados, pero que en realidad la administración sabe que nunca los acabarán realojando allí. Y también el Consorci que en 2012 debía cesar su actividad una vez culminado el plan de transformación, sigue funcionando como mal administrador de fincas y buen gestor de votos. Mientras, los conflictos vecinales son latentes. Pues no hace mucho alguien entró a mearse sobre el archivo local del barrio que con todo detalle hace años cuida el activista Josep María Monferrer. Los que en nombre del socialismo y el progreso han campado a la suya en la Mina son unos hipócritas e irresponsables. Nadie debería vivir como lo hacen estos vecinos. Y nadie debería continuar permitiendo, sabiendo que existían soluciones con importantes fondos europeos que espero las instituciones comunitarias soliciten su devolución por la inexistencia del proyecto, que aquello fuera un mercado de la droga a cielo abierto, en el que por el consumo continuado o por algún tiroteo habitual, acaban muriendo muchas personas. 

Lo que pasó hace unas semanas en el barrio del Besòs por la muerte de un joven a manos de un clan de ocupas, no es puntual. Es la consecuencia de una política equivocada y premeditada del gobierno local con el beneplácito de otras administraciones. Acabar con todo esto se llama cumplir con los proyectos ya redactados. Y problemas económicos no lo justifican todos, más cuando hay la salud pública en juego. Y menos lo justifican 27 millones, o tal vez 9, o tal vez 3... Me perdí en el baño de cifras que los responsables decían a unos y otros en función de su conveniencia. Acabar con todo esto es una cuestión de voluntad y un ejercicio de dignidad con unos vecinos que quieren ser ciudadanos.