Matar en nombre de la ley

Es fácil escandalizarse ante los excesos del enemigo, declarar salvaje la religión del rival. Si informamos de que el 80% de las ejecuciones judiciales conocidas en el 2013 se concentraron en tres países islámicos: Irán, Irak y Arabia Saudí, los islamófobos sacarán su retahíla de descalificaciones, racismos y xenofobias. Si recordamos que el verdadero campeón es China, que ejecuta más que la suma de todos los demás, pero cuyos datos no son oficiales, diremos que se trata de un país que viola los derechos humanos, una dictadura. Eso sí, todo esto lo diremos bajito, al oído, para que no nos oigan, porque China es también un gran mercado, un negocio.

La compresión aumenta si afirmamos que Japón y EEUU son las únicas democracias industrializadas que mantienen la pena de muerte o que EEUU fue el único país en el continente americano en ejecutar personas el año pasado.

De los tres campeones del 2013, descontado China por falta de datos, el Irán de los ayatolás es el más conveniente para la propaganda. Ya fue socio fundador del eje del mal que inventó George Bush para justificar la invasión de Irak en el 2003. En este caso, las ejecuciones públicas nos parecen una barbaridad, una prueba de que estamos ante un país peligroso. Las ejecuciones públicas eran habituales en Europa y EEUU. Pensilvania fue el primer Estado norteamericano en ejecutar en privado en 1834. El tiempo ha borrado memorias.

Acompaña a Irán el nuevo Irak, al que Occidente libró de un bárbaro dictador para dejarlo en manos de una democracia parlamentaria. ¿Nadie se pregunta cómo es posible que el país liberado ejecute tanto como el país malvado? ¿Acaso no es una democracia? ¿Están las cosas tan mal como antes?

De Arabia Saudí tampoco vamos a decir demasiado. Se trata de un país amigo que nos vende petróleo y nos ayuda en Siria. Es cierto que su política exterior no nos beneficia, que exporta wahabismo, una versión del islam que no está tan lejos de otras versiones rigoristas que declaramos terroristas, o algo así. Pero Arabia Saudí es como China, un negocio.

Cifras terribles

En el 2013 fueron ejecutadas 778 personas en 22 países, un país más que en el 2012. Amnistía Internacional no pudo confirmar si Egipto y Siria han llevado a cabo ejecuciones judiciales. En EEUU hay 3.108 presos en el corredor de la muerte, de los que 61 son mujeres. Desde que se reinstauró la pena de muerte en 1976 han sido ejecutados 1.362 presos en ese país, 500 de ellos en Tejas. Son datos terribles.

Al japonés Iwao Hakamada le han robado 46 de sus 78 años de vida. Los pasó en el corredor de la muerte acusado de un crimen que probablemente no cometió. Han ordenado la repetición del juicio, pero nadie va a poder ordenar la repetición de su vida. El juez que ha revisado el caso sostiene que la ropa que sirvió de prueba no era suya. La confesión de culpabilidad le fue arrancada tras 23 días continuados de interrogatorios policiales. Pero Hakamada tiene suerte: está vivo. Es el tercer preso que ha estado más tiempo en espera de ser ejecutado. En Japón, no hay fecha para el cumplimiento de la pena. El reo no sabe cuándo va a ser ajusticiado. La noticia le llega media hora antes de su muerte. La angustia es parte del castigo.

Concienciación

Para el 80% de los japoneses, la pena de muerte es una buena solución. En 1998, el 76% de los estadounidenses pensaban lo mismo. Ahora no pasan del 55%. De ellos, solo el 18% la apoya firmemente. Es el núcleo duro. Este descenso demuestra que es posible la concienciación ciudadana, que el trabajo público y constante de oenegés como Amnistía Internacional y grupos ciudadanos está dando sus frutos.

La pena de muerte no tiene vuelta atrás. Su aplicación presume que el Estado en su conjunto -policía, forenses, fiscales, jueces y sistema penitenciario- ha sido capaz de hacer su trabajo sin el más mínimo fallo. Que el sistema es seguro. En EEUU, una democracia sólida, son numerosos los casos Hakamada, es decir, personas a las que la policía culpa de un crimen con pruebas manipuladas para cerrar un expediente, ponerse una medalla o acallar la presión mediática ante un crimen con impacto social. También existen los casos de jueces que dan por buenos testimonios dudosos para no enfrentarse a la comunidad, para no ser tildados de blandos. Ser blando con la pena de muerte puede costar elecciones en EEUU. Los que más pierden son personas sin recursos ni estudios, los don nadie, los Hakamada.