Más allá de la cuestión lingüística

La sacudida que el inefable ministroWertha provocado en la opinión pública por sus propuestas en el ámbito lingüístico ha eclipsado otros aspectos extremadamente inquietantes del borrador de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

Vaya por delante que nuestra posición en la cuestión lingüística coincide con la mayoría de las reacciones observadas en las últimas semanas. Intentar alterar el excelente modelo de inmersión lingüística que ha funcionado en Catalunya desde principios de los 80 se debe exclusivamente a un interés político alimentado por los sectores españolistas más cavernícolas. El intento de cambio no responde en absoluto a cuestiones pedagógicas, ni siquiera a satisfacer supuestos derechos lingüísticos vulnerados. Es, simple y especialmente en estos momentos, un ejercicio de demostración de poder y un intento de debilitar los márgenes de decisión de Catalunya como país.

La reacción popular ha sido tan rápida como contundente, y da cuenta de la imposibilidad real de que una reforma de este tipo pueda tener éxito. El PP ya aplicó el paso de un modelo de inmersión a uno de opción lingüística en Baleares, y ni mediante presiones explícitas consiguió alterar sustancialmente el comportamiento de la demanda.

Ahora bien, el borrador no incluye novedades solo en esta materia. Promueve también otro tipo de cambios que de momento han pasado más desapercibidos y que pueden acarrear consecuencias muy graves para la calidad y, especialmente, para la equidad de la educación.

Por un lado, el borrador incluye más protagonismo del mercado no solo en la provisión de la educación sino en su planificación. Por primera vez vamos a tener en España una ley que obligará a los poderes públicos a planificar en base al comportamiento de la demanda. El cambio es sustancial, puesto que hasta ahora se asumía que el Estado planificaba en base al principio de satisfacción de necesidades educativas y que el sistema de concierto debía entenderse como mecanismo complementario y subsidiario a la provisión pública. Esta no es la única medida promercado.

El Gobierno central llevará a cabo evaluaciones estandarizadas en todo el territorio y publicará los resultados para favorecer la competición entre escuelas. La LOMCE abre también la posibilidad de aplicar fórmulas de financiación competitiva de las escuelas basadas en los resultados de las evaluaciones o en «acciones de calidad educativa» definidas por los centros. Con todo ello se persigue promover que el sistema educativo emule el funcionamiento del mercado. La misma OCDE ha recomendado no aplicar este tipo de políticas porque no hay evidencias de que favorezcan la efectividad escolar y sí en cambio de que incrementen la segregación y la estigmatización de determinados centros. Las políticas de mercado favorecen la selección adversa: generan incentivos a las escuelas para seleccionar a alumnos que provienen de entornos familiares más favorables y facilitan la concentración de los estudiantes más vulnerables en determinados centros, normalmente de titularidad pública.

El segundo gran cambio que incorpora es el intento de liquidar la comprensividad del sistema. Uno de los mayores logros de la LOGSE fue terminar con el sistema de doble titulación al finalizar la educación básica, que daba acceso a itinerarios académicos y profesionales diferenciados. La LOMCE, sin alterar la estructura del sistema educativo, sí modifica los objetivos y funciones de esta etapa, al tiempo que pretende «flexibilizar» los itinerarios de aprendizaje para llegar a un cuarto curso de ESO completamente diferenciado en función del acceso a la formación profesional o al bachillerato. A ello deben añadirse las numerosas pruebas que los alumnos van a sufrir desde la primaria y que sin duda van a determinar su ubicación en la jerarquía del conocimiento.

Por más que el ministro distorsione la realidad asegurando que este es el modelo que funciona, lo cierto es que lo que nos muestran los análisis basados en PISA llevados a cabo por la propia OCDE es que los sistemas internamente más diferenciados no son en absoluto los de mejor rendimiento y sí en cambio los más desiguales. La segregación interna de los centros anula además el denominado «efecto compañero», es decir, el beneficio educativo de mezclar a alumnos con distintas condiciones de aprendizaje.

La LOMCE va a promover no únicamente mayores niveles de segregación por razones lingüísticas, sino también por cuestiones socioeconómicas y de capacidad. Si la respuesta social no lo impide, la nueva ley pondrá los cimientos de un sistema educativo más segregado, más desigual y menos justo. Antoni Berger también firma este artículo. Departamento de Sociología de la UAB.