¿Marcha atrás en Brasil?

Es difícil tener certezas en un país en la batidora, donde los análisis de la mañana quedan momificados a la tarde. A pesar de ello es claro que estamos ante otro caso de presión por parte de la élite económica, que reconquistó el poder político en Brasil aunque sea de forma transitoria. No hay acuerdo sobre si abordar como un golpe el golpe que sacó a la presidenta Dilma Roussef de su puesto, temporalmente por ahora.

La estricta legalidad, en cuanto a los pasos procesales a dar, parece cubierta. Sin embargo, tan cierto es esto como que no hay caso. El motivo formal esgrimido -cambios en las partidas de gasto y retrasos en los pagos desde el Estado- tiene un peso minúsculo. Si fuera esta una razón para la destitución, la mayoría de los presidentes de Gobierno del mundo serían depuestos, incluyendo los predecesores de Dilma y nuestro Rajoy.

EXTENSA CORRUPCIÓN

Más allá de la calificación, es evidente que el poder económico quería sacar a Dilma a cualquier precio y encontró una excusa menor para hacerlo, poniendo el país patas arriba. Dicho esto, la extensa e intensa corrupción jugó su papel. Los partidos de la derecha se han llevado una parte muy significativa y hay varios casos abiertos que lo muestran. Sin embargo, los gobiernos y bancadas del Partido de los Trabajadores (PT) no fueron ajenos, con el agravante de no actuar con contundencia y responsabilidad frente a los casos de corrupción que se sucedieron.

En el debe figura también lo refractario de la presidenta y su equipo a relacionarse con las organizaciones y movimientos sociales, críticos con algunas medidas, aunque sustento en la calle de los cambios operados por el PT bajo el liderazgo de Lula.La capacidad de los grandes medios para diluir los robos de la derecha y magnificar los del PT ha tenido gran impacto, en medio de una fuerte crisis económica.

DEFENSA DE LA DEMOCRACIA

Dilma cayó al suelo en su aceptación y millones de personas de estratos medios y altos salieron a las calles a exigir su dimisión. La respuesta vino del lado popular, no tanto por el afecto a Dilma como por la defensa de la democracia y por la anticipación de lo que vendría. Más exclusión y desigualdad. Hoy la sociedad está polarizada en un tiempo de incertidumbre política y de retroceso económico y social.

Acerca de esto último, el Gobierno sin legitimidad de Michel Temer ha dado pasos de gigante con sorprendente celeridad. La imagen de su gabinete, ni una mujer ni un negro, en un país de gran diversidad, anticipaba lo que vino. Empezando por un cambio constitucional para blindar el techo de gasto público e impedir que crezca más allá de la inflación. Durante 20 años. Asombroso. En un país aún con crecimiento demográfico, esta norma ata las manos de cualquier gobierno futuro. Es un hecho que la crisis económica ha golpeado a Brasil en los últimos tres años, tras un crecimiento notable durante una década. Las perspectivas del FMI apuntan a un inicio de la recuperación en el 2017, dado que Brasil ha sido de los países de Sudamérica menos afectados por la caída de sus exportaciones primarias. Como en todas las crisis, el déficit ha crecido en un país con una deuda pública media.

REFORMA DEVASTADORA

En esta situación transitoria e incierta, el Gobierno interino de Temer se ha sentido legitimado para aplicar una batería de reformas de urgencia con devastadores efectos sobre la población, sobre todo la más vulnerable. Nuevas concesiones a empresas, reformas laborales agresivas y un recorte directo de los programas sociales que habían contribuido a reducir la pobreza en el país.

Los gobiernos del PT redujeron la pobreza del 20% al 7% mientras los anteriores apenas lograron una caída de tres puntos durante una década. La desigualdad también se redujo, aunque de forma limitada. Uno de los arietes de este avance, además de las mejoras en la formalización del empleo y en el salario mínimo, fue el programa Bolsa Familia, que hoy beneficia a 47 millones de personas pobres, con indicadores multidimensionales notables.

Pues bien, se debate en el Gobierno de Temer focalizar el programa en el 5% más pobre de la población, lo que puede limitar su acceso solo a 10 millones de personas. Obvio es indicar el impacto social de este recorte, apenas relevante en la reducción del déficit. Y así quieren hacer con becas para estudiantes o presupuestos de salud y educación, entre otros. ¿Les suena? Eso sí, no se han oído medidas para enfrentar el fraude fiscal, galopante en el país.

Las organizaciones y movimientos sociales brasileños, de los que hemos aprendido tanto, se están reorganizando para defender conquistas y clamar por un modelo económico equitativo. A su lado estarán organizaciones como Oxfam Brasil, especialmente con los jóvenes urbanos. Hay que seguir.