El malestar por los recortes también cuenta

A mediados de julio del 2012, el recién estrenado entonces Gobierno de Mariano Rajoy, en uno de los momentos más duros de esta larga crisis, se tragó todas las promesas de la reciente campaña electoral y aprobó el que podría considerarse el ajuste más drástico de la democracia: unos 65.000 millones de euros en un periodo de dos años y medio, sumando reducciones de gastos (en servicios básicos y nóminas de empleados públicos, entre otras medidas) y aumento de ingresos (subidas de impuestos y privatizaciones, de forma destacada).

La rapidez con la que en aquel momento el Ejecutivo del PP impuso el tijeretazo y la lentitud con la que ha compensado aquellos recortes durante estos últimos años de la tan cacareada recuperación son también algunas de las razones que explican porque esta vez sí que ha prosperado la moción de censura y Rajoy se ha visto descabalgado del poder. Si la mejora de la economía de la que tanto alardeaba el expresidente se hubiese trasladado mucho más deprisa y de forma evidente a la mayoría de los ciudadanos, seguro que este malestar que persiste en la calle y en la mayoría de la población sería mucho menor y habría menos razones para justificar el apoyo a un cambio forzado del color del Gobierno en mitad de la legislatura.

Las medidas adoptadas al calor de aquel tijeretazo han tenido consecuencias a largo plazo. Desde el empeoramiento de las condiciones laborales, hasta la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones. Este último punto es el mejor ejemplo de que con voluntad política había otras alternativas a las directrices económicas de los últimos años. La presión de los jubilados con grandes manifestaciones en la calle, unidas a la necesidad de los votos del PNV para aprobar los Presupuestos del 2018 hicieron posible aprobar una subida de las prestaciones públicas a los jubilados del 1,6%, saltándose la reforma del propio PP. Todo en unas pocas semanas. Lo que para muchos fue una demostración palpable de que si no había hecho antes no era porque no se podía, sino porque no se quería. Y posiblemente esta es una de las razones por las que el malestar de este colectivo persiste pese a la subida.

Cuando la economía va realmente bien para la mayoría, y no sólo para unos cuantos, el impacto de la corrupción política en la opinión pública suele ser menor. Pero cuando persisten los recortes en los servicios y los salarios aún no han recuperado el poder adquisitivo del inicio de la crisis, el malestar o el cabreo por un mal uso de una parte del dinero público aumentan. Rajoy intentó calmar las aguas con estos últimos Presupuestos, pero el historial de corrupción de dirigentes de su partido esta vez sí que le ha pasado factura. Habrá que ver si el nuevo inquilino de La Moncloa, Pedro Sánchez, ha aprendido la lección.