Los pensionistas, el catalán y los votos

El éxito de la convocatoria de la marea de pensionistas y otras organizaciones, incluidos los sindicatos mayoritarios,  CCOO y UGT, el pasado jueves en más de 70 ciudades de España ha encendido las alarmas en los cuarteles del partido en el Gobierno. Ha habido otras manifestaciones, pero hasta ahora no lograron tanta repercusión. Esta vez en Madrid llegaron hasta las puertas del Congreso de los DiputadosCongreso de los Diputados, superaron la barrera policial y demostraron que hay vida más allá de las protestas virtuales y no solo en temas relacionados con el independentismo.Pese a la fuerza mediática de los hechos de Madrid,  incluso hubo más manifestantes en otras ciudades, como Bilbao, a juzgar por las imágenes.

Hasta ahora el Gobierno y el PP habían hecho poco caso a estas movidas. O habían intentado replicar el discurso de la oposición y de las organizaciones de jubilados contra el irrisorio aumento del 0,25% (subida de mierda o #LazoMarron, según la UGT) de las prestaciones este 2018, descalificando las críticas o exagerando la bondad del incremento. El ejemplo más claro en este sentido es la carta que envió a principios de enero la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, a todos los pensionistas en la que les anunciaba:  “Una vez más, a principios de año, me pongo en contacto con usted para informarle sobre la revalorización de la pensión el 2018”.

Tras unas frases más de propaganda sobre la buena gestión del Gobierno que ha permitido crear “más de 600.000 puestos de trabajo” (no especifica su calidad), Báñez le daba al jubilado la buena nueva: “Con el objetivo de conciliar las mejoras anuales garantizadas con la necesaria salvaguarda económica para las generaciones futuras, en el 2018 el incremento de las pensiones será del 0,25%”. Utilizando la misma regla de tres de la ministra, para que los jubilados no perdiesen poder adquisitivo, teniendo en cuenta que el IPC de noviembre del 2017 (el mes que se utilizaba para calcular la actualización anual de las prestaciones antes de la norma vigente ahora) se situó en el 1,7%, harían falta casi cuatro millones más de empleos para poder equiparar la subida a nivel del coste de la vida. La carta de la ministra se complementaba con otra de la directora general de la Seguridad Social en la que se detallaba la subida de su jubilación: 1,74 euros en el caso de una autónoma que ha servido para este artículo.

Para realizar este anuncio, la ministra no tuvo ningún problema en usar tanto el catalán como el castellano, seguramente con el convencimiento de que estas generaciones no fueron “castigadas” con la inmersión lingüística y que entienden el castellano pese a vivir en Catalunya. La delicadeza de añadir el catalán a pesar de ello es muy posible que tenga que ver con el hecho de que se trata con un colectivo de más de 1,7 millones de personas en Catalunyaun colectivo de más de 1,7 millones de personas, todas  con derecho a voto. En estos casos con la lengua no se juega, ni que sea la catalana.