Los hermanos Marx y el pacto de regeneración democrática

Los “150 compromisos para mejorar España” pactados por el Partido Popular y Ciudadanos incluyen un bloque –el tercero- titulado Transparencia, regeneración democrática y lucha contra la corrupción, que recoge 27 medidas agrupadas en 5 apartados.

Para llevar a cabo una valoración sintética seguiré esa misma estructura; así, las propuestas de “más credibilidad y más confianza” –se supone que en las instituciones- incluyen compromisos políticos y, aunque no siempre se dice de manera expresa, propuestas de reforma constitucional y legal. Los compromisos políticos o no aportan nada –la creación de una comisión de investigación sobre la financiación ilegal del PP no hace falta pactarla con el PP si las demás fuerzas parlamentarias están de acuerdo- o poco valor tendrán si no se incorporan a normas jurídicas: la separación de los cargos públicos imputados por corrupción no tendrá efecto si se trata de parlamentarios que se nieguen a abandonar el escaño y lo mismo ocurre con la limitación a 8 años del tiempo de permanencia en la Presidencia del Gobierno. Por cierto, si vamos a renovar personas ¿no sería mejor una limitación legal de mandatos que afectase a diputados y senadores? En cuanto a las medidas jurídicas, algunas exigen una reforma constitucional (supresión de los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Gobierno) y otras cambios legales en la Ley de Indulto y en la LOREG para las que la suma de PP y C’s es insuficiente: se quiere excluir del indulto a los condenados por delitos de corrupción, financiación ilegal de partidos, violencia de género o delitos de terrorismo. Parece olvidarse que, como tal, no existe un delito de corrupción en el Código Penal pero, como diría Groucho Marx, “oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como ésta? La cortamos”. Por si fuera poco haría falta explicar política –y jurídicamente- que con este Pacto sí cabría indulto en casos de asesinato o lesiones graves (si no son casos de violencia de género o terrorismo), robo con violencia, incendios, estafa,… Ya puestos, ¿por qué no se transfiere la potestad de indultar del Gobierno a los tribunales?

En lo que respecta a la LOREG, se incluyen medidas concretas –elección directa de alcaldes, reducción de las campañas- junto a otras menos precisas: ¿cómo se quiere mejorar la proporcionalidad? ¿Cómo sería el desbloqueo de las listas?-

LAS INSTITUCIONES Y LA JUSTICIA

El segundo grupo aspira a Más fortaleza en las instituciones democráticas y pretende conseguirlo con únicamente cuatro medidas, que podrían ser tres, pues la primera y la segunda aluden a reformas del Reglamento del Congreso: una para facilitar la participación ciudadana y otra para cambiar, sin precisar más, las mayorías que deciden la creación de una comisión de investigación. La primera es puro humo pues nada dice sobre cómo se facilitará dicha participación y la segunda poco menos cuando podría ser muy clara; por ejemplo, proponer que baste el voto favorable del 25% de los diputados para crear una comisión de investigación, como ocurre en Alemania. La tercera medida pretende convertir el Senado en “estricta Cámara territorial” y reducir el número de senadores, lo que también puede implicar una reforma constitucional. Nada se dice sobre cuántos senadores tendría esa nueva Cámara, cómo se elegirían, cómo sería la relación entre el Senado y el Congreso, qué papel tendrían en esa Cámara territorial las comunidades autónomas,… Finalmente, se propone que 12 de los 20 vocales del CGPJ sean elegidos directamente por jueces y magistrados, lo que no dará a esa institución “más fortaleza” y puede provocar que del control por parte de los partidos mayoritario pasemos al control por parte de las asociaciones judiciales mayoritarias; no parece que un CGPJ corporativista sea, en esencia, mejor en términos democráticos que uno directamente politizado.

DEMOCRACIA EN LOS PARTIDOS 

El tercer bloque aspira a Más control y fiscalización de los partidos políticos e incluye una medida meramente técnica –refundir la ley de partidos y la ley de su financiación- y otra que aspira, sin decirlo claramente, a una reforma legal que, en la línea de la ley alemana, propicie más democracia interna; lo que sucede es que no se llega a saber hasta dónde se quiere llegar en materia de transparencia, derechos de los afiliados, organización interna,… ¿Es casualidad que no haya compromiso expreso sobre una mayor transparencia en la financiación de los partidos?

El cuarto bloque es el más extenso y se titula: Más transparencia y ejemplaridad en la gestión pública. Incluye reformas legales más o menos precisas, como la creación del “delito de enriquecimiento ilícito” -¿seguro que lo que se quiere penar no es ya delito?-, la trasposición de tres directivas –algo que ya es de obligado cumplimiento por el Estado español- o la regulación de los grupos de interés,  junto con vaguedades del tenor de “reforzar el control de las subvenciones públicas” o “asumir el objetivo de situar a España a la vanguardia de las políticas y de las exigencias de un Gobierno Abierto”. También se propone reformar la Ley de transparencia pero únicamente en lo que respecta a la elección de la presidencia del Consejo de Transparencia pero no, por ejemplo, para reducir el amplio número de motivos (12) que permiten denegar la información o para establecer el silencio positivo a las peticiones de información.

Finalmente, el quinto apartado compromete Más contundencia frente a la corrupción y lo pretende conseguir con mejoras técnicas y de medios (no se cuantifica cuánto se invertiría en ello) y dos medidas legales: ampliar el decomiso en los (inexistentes) delitos de corrupción y aprobar una ley de protección de los denunciantes de corrupción.

UN PACTO SIN CONCRECIONES

En conclusión, el pacto incluye medidas que pueden ser positivas (es innegable que el Senado necesita una amplia reforma, al igual que los Reglamentos de ambas Cámaras, la LOREG, la Ley de partidos,…) pero haría falta más concreción en bastantes casos; da la impresión de que Groucho Rajoy le dijo a Chico Rivera: “Su palabra es suficiente para mí. Dígame, ¿la mía es suficiente para usted?” Responde Rivera: “¡Desde luego que no!” Concluye Rajoy: “Bueno quitemos un par de cláusulas”. En segundo lugar, un auténtico pacto de regeneración democrática tendría que incorporar muchas más medidas; nada se dice sobre mejora de las iniciativas legislativas populares, de los referendos, sobre promover la participación política de los extranjeros residentes, suprimir la exigencia de suplicatorio, eliminar la inmunidad parlamentaria, flexibilizar la reforma constitucional,… Finalmente, hace falta auténtica voluntad política y si hubiera existido en los últimos años muchas de las medidas que aquí se apuntan estarían hoy en marcha o no serían necesarias. Dicho en palabras de Groucho Marx, al Partido Popular y Ciudadanos les “obliga un contrato, aunque sea muy pequeño”.