CONTRAPUNTO

Los duros números de la reforma laboral

SALVADOR SABRIÀ

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Se lo dije» era una de las frases más repetidas cuando se hacían traducciones sudamericanas en español de series de dibujos animados estadounidenses. La frase viene como anillo al dedo para constatar que se han cumplido muchos malos augurios sobre la reforma laboral denunciados en su momento por los sindicatos, partidos de izquierdas, abogados laboralistas y algunos jueces de lo social antes incluso de la entrada en vigor de la polémica normativa.

Entre otras consecuencias negativas que vaticinaron estos sectores críticos destacaban el previsible aumento del paro por las facilidades que se daban para despedir y el aumento de los litigios por las lagunas que contenía la citada normativa en temas relacionados con los expedientes de regulación de empleo.

Una fuente tan poco sospechosa de parcialidad como el servicio de estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acaba de poner cifras a esas advertencias. Durante el primer año de la reforma laboral (el Gobierno la puso en marcha en 10 de febrero del 2012) se han disparado las demandas por despidos, un 25,3% más que en el 2011, hasta alcanzar la cifra de 147.404.

Para situar la importancia de esta cantidad solo hay que señalar que es la mayor cifra registrada en un año desde que empezó la crisis en el 2007, muy por encima incluso de las demandas que se produjeron en el 2009, el peor año en aumento en número y en porcentaje de parados de este dramático sexenio. Sin duda la judicialización de las relaciones laborales ha ido en aumento, con lo que esto comporta de inseguridad para los trabajadores despedidos y también para las empresas que ejecutaron esas medidas.

Y con el consiguiente aumento de la carga de trabajo y de expedientes para un sistema judicial que ya estaba al borde del colapso. Para acabar, además, en muchos casos dando la razón al trabajador despedido, ya sea en su reclamación de cantidad o en la exigencia de reingreso al puesto de trabajo.

Con los expedientes de regulación de empleo (ERE) ha sucedido más o menos lo mismo. El capítulo que el CGPJ define como «incidencias laborales y ERE» registró 2.477 casos el año pasado, un 63% más que en el ejercicio anterior a la entrada en vigor de la reforma laboral y también a mucha distancia del año más duro de la crisis, cuando esa misma cifra fue de 1.540.

Hubo un momento en que algunas organizaciones sociales además de reclamar una moratoria en las ejecuciones hipotecarias y los deshaucios exigieron también otra de similar para los despidos hasta que no se mejorase este marco legal tan incierto. Las cifras les dan ahora más razones.