La ley del embudo

La vicepresidenta del Gobierno español anunció, con un rictus severo, toda una serie de acciones contra Carme Forcadell, el secretario de la mesa de la Cámara catalana y el presidente de la Generalitat. Más que un conjunto de normas aplicadas con rigor, en España la ley es una especie de chicle que se estira y se encoge a conveniencia del gobierno de turno. Esto no es ninguna novedad y, de hecho, todo el mundo es plenamente consciente.

La Comisión Europea publica anualmente un informe sobre la percepción que tienen los ciudadanos de la independencia judicial en su país y este 2016 el 56% de los españoles consideraba «malo o muy malo» el sistema judicial en relación a su independencia, solo por detrás de Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia e Italia. En el 2015 España ocupaba el 97º lugar mundial en independencia judicial de una lista de 114 estados.

En julio del 2015 Rights International Spain y diversas asociaciones de jueces denunciaron a España ante la ONU por considerar que las injerencias del Gobierno debilitaban el poder judicial. Este es el panorama y es a partir de esta información que tenemos que empezar a hablar. En un país donde Sánchez Camacho tiene fiscales de confianza y Jorge Fernández Díaz asegura que la fiscalía le afina los asuntos, cuando sale la vicepresidenta a hablar de ley tenemos motivos suficientes para sospechar que está hablando de persecución política.

Es por ello que toda apelación a la ley y a la democracia desde el Gobierno de Madrid y desde las formaciones unionistas, contraponiéndose a la voluntad mayoritaria de los catalanes reflejada en la composición del Parlament y en las encuestas, es una muestra colosal de cinismo. Los políticos no deben estar por encima de la ley ni de la democracia, es cierto. No hace falta que lo griten Arrimadas y García Albiol: es lo que quiere la mayoría independentista dispuesta a construir un país mejor.