En castellano, también

La pregunta que debería hacerse es qué justifica que la escuela pública sea monolingüe mientras la sociedad catalana es bilingüe

Una de las aulas del CEIP Pit Roig de Horta-Guinardó, en Barcelona, que gracias a la sexta hora pueden dividir la clase en grupos de ocho alumnos.

Una de las aulas del CEIP Pit Roig de Horta-Guinardó, en Barcelona, que gracias a la sexta hora pueden dividir la clase en grupos de ocho alumnos. / periodico

Joaquim Coll

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El termómetro que indica hasta qué punto el clima sociopolítico en Catalunya es enfermizo es el debate sobre la lengua. Lo estamos viendo con las reacciones ante el anuncio de que el Gobierno español estudia garantizar que las familias que lo deseen puedan pedir la escolarización de sus hijos para el próximo curso también en castellano. Es difícil entender que se vea como algo escandaloso y, menos aún, que se pretenda presentar como un ataque al catalán y a la sociedad catalana en su conjunto. Es el mundo al revés.

La pregunta que debería hacerse es qué justifica que la escuela pública sea monolingüe (solo en catalán como lengua vehicular), mientras la sociedad catalana es bilingüe. ¿Por qué razón se excluye al castellano como lengua de aprendizaje? Es un modelo que solo se justifica desde presupuestos ideológicos nacionalistas. Vulnera los derechos lingüísticos de las familias castellanohablantes y perjudica también a los catalanohablantes, sobre todo de las comarcas interiores, que acaban teniendo una baja competencia en castellano.

He explicado en otros artículos que la inmersión lingüística obligatoria durante tota la etapa educativa no fue la propuesta de la izquierda catalanista en los años 80 y 90, sino el modelo de Òmnium Cultural, es decir, del nacionalismo. Es lamentable que la Generalitat no haya querido consultar nunca a las familias sobre las lenguas escolares (La izquierda y la inmersión lingüística, 25/05/2015; El tabú de la inmersión, 06/03/2017). Por desgracia es un debate hoy muy difícil de llevar a cabo de manera racional en la sociedad catalana.

Pero soy también muy escéptico con el anuncio que ha hecho el Gobierno. No está claro qué quiere hacer concretamente, tampoco parece que pedir a las familias que rellenen una casilla sea la mejor fórmula. El 25% como mínimo en castellano es un derecho avalado por numerosas sentencias y generalizable sin tocar una coma de la Llei d’Educació (2009). Es el momento para que sencillamente el Ministerio de Educación dicte instrucciones a la Generalitat: en castellano, también, en todos los centros de Catalunya.