Legislatura 'horribilis'

La X Legislatura de las Cortes Generales, la más larga de la democracia, se ha acabado y, sin duda alguna, podemos afirmar que ha sido una legislatura horribilis, tanto por la sociedad española en su conjunto como para la sociedad catalana, en concreto.

Ciertamente, cuando Rajoy y el PP accedieron al gobierno del Estado, a finales del año 2011, la situación económica era crítica; el Estado español estaba al límite del rescate y el malestar social comienza a crecer con intensidad; los electores habían castigado duramente un Partido Socialista que había ganado las anteriores elecciones ocultando la recesión que llegaba y que había visto roto su relato con los recortes aprobados en mayo de 2010. El 15M estaba en la calle y la rabia de muchos había estallado, pero en las urnas, de momento, todavía no había llegado. En Catalunya, CiU ganará las elecciones españolas por primera vez des de 1977, con la propuesta de un Pacto Fiscal y la desconexión sentimental empezaba a apuntarse… Todo ello parece muy lejano, pero solo hace cuatro años… ¡Qué tiempos más acelerados nos ha tocado vivir! Pero la herencia que deja Rajoy es penosa.

Después de estos cuatro largos años, el balance que puede presentar Rajoy es malo. El riesgo del rescate se ha evitado, pero el rescate de la banca ha tenido unos grandes costes: 40.000 millones de euros y la destrucción de todo el sistema de cajas, tan determinantes durante muchos años en Catalunya. La reestructuración bancaria se ha hecho, pero las familias y las Pymes tienen más difícil el crédito y los contribuyentes estamos pagando una parte muy sustancial de este rescate; pero es que, además y sobre todo, los costes sociales de la recuperación económica son enormes y los problemas estructurales del modelo productivo que explican la gravedad de la crisis no da la impresión de que se hayan superado.

Observamos algunos datos comparativos entre el final del año 2011 y este final del 2015:

- PIB. El año 2011 era de 1,075 billones de euros; el 2015 será de 1,098 billones de euros. Estamos igual.

- Endeudamiento. El año 2011 representaba el 68,5% del PIB; en el 2º trimestre de 2015 es de 97,8%. Ha empeorado.

- Población. Hemos perdido 400.000 personas en 4 años. Son personas que se han tenido que marchar por falta de trabajo.

- Población Activa. Tenemos 583.000 personas menos. Envejecimiento y emigración, explican la caída de la población activa.

- Puestos de Trabajo. Hemos perdido 435.000 puestos de trabajo.

- Paro. Tenemos la misma tasa de paro que el 2011; el 21,2%.

- Jornada Laboral. Tenemos 790.000 contratos menos en jornada laboral completa y 355.000 más en jornada laboral parcial.

- Tipos de contrato. Ha aumentado en 94.000 personas el número de autónomos. Ha disminuido en 439.000 personas los asalariados con contrato indefinido y ha disminuido en 91.000 los asalariados temporales.

- Por sectores ha aumentado el peso de los servicios y ha disminuido el peso de la industria y la construcción. La agricultura mantiene el mismo peso. El peso de los impuestos netos sobre el PIB ha aumentado. Excepto en la pérdida de peso de la construcción, esto significa que el modelo productivo no ha variado.

Por tanto, desde un análisis más numérico, constatamos que la coyuntura económica 2015 es muy similar a la de 2011, mientras que en el ámbito laboral la situación es más precaria. Pero sobre todo, el Gobierno del Estado no ha aprovechado estos años para afrontar un cambio de modelo productivo impulsado por la industria y la innovación, con más inversiones en investigación y formación que son las claves de la prosperidad; todo lo contrario: el PP ha recortado los presupuestos destinados a investigación, desarrollo e innovación, que son los principales motores de la innovación y del cambio productivo, con el agravante de que ha habido algunos años en que la ejecución de estos gastos no ha llegado al 50%. El Estado ha recortado los presupuestos destinados a políticas de empleo, es decir, destinados a formar a los trabajadores para nuevos empleos, en un contexto de alto desempleo de larga duración y con personas sin trabajo demasiado a menudo poco cualificadas. Y ciertamente ha potenciado la denominada "marca España" para consumo interno en clave nacionalista española, pero no ha fortalecido la red de apoyos a la exportación y la internacionalización de las empresas. Podemos afirmar que tenemos una realidad económica más pobre que hace 4 años.

Y en el ámbito social el incremento de las desigualdades ha sido significativo. Según Intermón Oxfam España es uno de los países donde más ha aumentado la desigualdad de ingresos y el número de personas viviendo en situación de privación material severa y en el que las políticas redistributivas implantadas por los gobiernos son menos eficaces en la lucha contra la desigualdad. Si en 2013 nuestro país ocupaba el puesto 15º con mayor desigualdad de ingreso de mercado (antes de impuestos y transferencias) una vez aplicados los impuestos y las transferencias nuestro país se sitúa como el cuarto más desigual de la UE, lo que pone en evidencia la ineficacia del sistema fiscal para reducir la desigualdad. Hoy más de 3 millones de personas viven en situación de privación material severa en nuestro país, una cifra que se ha duplicado desde 2007.

La política del Gobierno Rajoy ha tenido mucho que ver. El peso del ajuste presupuestario para reducir el déficit se ha hecho recaer fundamentalmente en las comunidades autónomas (CCAA), empequeñeciendo el Estado del Bienestar en la medida en que estas gestionan la educación, la sanidad, los servicios sociales, la política de vivienda o el transporte público. Pero, además, en el gasto imputado directamente a los Presupuestos Generales del Estado desde 2012, los recortes se han concentrado en los recursos que se transferían a las Comunidades Autónomas a las políticas sociales que estas gestionaban. Así se ha se han reducido los gastos en políticas activas de empleo en un 50% a pesar de tener tasas de paro superiores al 20%, se han reducido los gastos que correspondían al Estado para atención a la dependencia aportando menos de un 20% a la financiación pública de esta política, han desaparecido los gastos por atención infantil y guarderías y se ha eliminado el fondo de integración de inmigrantes. Y en términos de modelo se ha impuesto una reforma del sistema de salud que ha dejado de garantizar el derecho universal a la atención sanitaria.

Pero el desastre de Rajoy y el PP también ha erosionado y empequeñecido gravemente la democracia. En materia de derechos fundamentales de las personas, el Gobierno en esta legislatura ha aprobado una reforma del Código Penal que permite la prisión permanente revisable (eufemismo de cadena perpetua), se ha aprobado la "ley mordaza", relativa a la prohibición de determinadas manifestaciones y se ha permitido por ley la expulsión en la frontera en caliente de los inmigrantes, poniendo en cuestión el derecho de asilo. Han aprobado una ley de Seguridad Nacional que permite al Gobierno del Estado que, ante una emergencia "real o potencial" el Estado pueda decretar poner todos los medios humanos y materiales de la Generalitat a las órdenes del Estado, y hacerlo con una simple comunicación al Congreso. Con ello se podría saltar la aplicación del artículo 155 de la CE para recuperar competencias autonómicas y suspender el autogobierno. Y el Ministerio del Interior, en manos del inefable Fernández Díaz, ha sido un ejemplo brutal de funcionamiento antidemocrático. Los informes anónimos de la UDEF fueron publicados la semana previa a las elecciones catalanas de 2012, los informes falsos sobre el alcalde Trias en los meses previos a las municipales y los registros de la Guardia Civil en CDC antes y después de las elecciones al Parlamento 2015. Las últimas perlas en la degradación de la democracia han sido la reforma de la ley que regula el TC y el veto de Jordi Xuclà en la Mesa del Congreso.

'Last but not least', hemos vivido un verdadero desmontaje del Estado de las Autonomías. La nueva ley de educación, rechazada hoy por la mayoría de CCAA que la han de aplicar, además de ser rechazada por padres y maestros, intenta liquidar el modelo catalán de enseñanza, la mal denominada "ley de racionalización y sostenibilidad local” elimina autonomía a los ayuntamientos catalanes y será su principal dolor de cabeza en los próximos 4 años y con la ley de unidad de mercado no se mejorará la capacidad de competir de las empresas y en cambio es una ley que perjudicará al consumidor y perjudicará al cambio de modelo productivo, limitando la capacidad de Catalunya de desarrollar un modelo económico que responda a las preferencias y opciones de la sociedad catalana. Estamos en Europa y la libertad de mercado está definida por la legislación europea de defensa de la competencia, todo lo que se superponga a la normativa europea son rigideces y burocracias del Estado Español. Finalmente con la ampliación de la legislación básica y el aumento del carácter reglamentista de las normativas que ha dictado el Estado, en esta legislatura, el contenido del autogobierno ha quedado tocado de muerte. En muchos sentidos y en muchos ámbitos somos más delegación provincial que no autonomía plena.

En materia de financiación autonómica, el ahogo a las CCAA ha continuado. Para recortar el déficit público el Estado nos ha aumentado todos los impuestos a los ciudadanos, empezando por el IVA, pero todo el aumento de la recaudación neta se la ha quedado el mismo Estado y la Generalitat ha dispuesto de menos recursos. Además, el Estado no ha pagado ninguna de las deudas pendientes que tenía con la Generalitat. No ha pagado lo que le correspondía de las inversiones que tenía que hacer el Estado en Catalunya, de acuerdo con el Estatut, tal y como se deriva de la Disposición Adicional 3ª; no ha pagado los avances que correspondía de los Fondos de Competitividad, incluido en el Sistema de Financiación Autonómica; no ha pagado tampoco la compensación por el Impuesto sobre Depósitos Bancarios aprobado por la Generalitat, y además el Estado ha impedido la gestión interna de otros recursos como el euro por receta sanitaria.

'Last but not least', hemos vivido un verdadero desmontaje del Estado de las Autonomías. La nueva ley de educación, rechazada hoy por la mayoría de CCAA que lo han de aplicar, además de ser rechazada por padres y maestros, intenta liquidar el modelo catalán de enseñanza, la mal denominada "ley de racionalización y sostenibilidad local "elimina autonomía a los ayuntamientos catalanes y será su principal dolor de cabeza en los próximos 4 años y con la ley de unidad de mercado no se mejorará la capacidad de competir de las empresas y en cambio es una ley que perjudicará al consumidor y perjudicará al cambio de modelo productivo, limitando la capacidad de Catalunya de desarrollar un modelo económico que responda a las preferencias y opciones de la sociedad catalana. Estamos en Europa y la libertad de mercado está definida por la legislación europea de defensa de la competencia, todo lo que se superponga a la normativa europea son rigideces y burocracias del Estado Español. Finalmente con la ampliación de la legislación básica y el aumento del carácter reglamentista de las normativas que ha dictado el Estado, en esta legislatura, el contenido del autogobierno ha quedado tocado de muerte. En muchos sentidos y en muchos ámbitos somos más delegación provincial que no autonomía plena.

En materia de financiación autonómica, el ahogo a las CCAA ha continuado. Para recortar el déficit público del Estado nos ha aumentado todos los impuestos a los ciudadanos, empezando por el IVA, pero todo el aumento de la recaudación neta se la ha quedado el Estado y la Generalitat ha dispuesto de menos recursos. Pero además, el Estado no ha pagado ninguna de las deudas pendientes que tenía con la Generalitat. No ha pagado lo que correspondía de las inversiones que tenía que hacer el Estado en Cataluña, de acuerdo con el Estatuto y que no ha hecho, tal y como se deriva de la Disposición Adicional 3ª. No ha pagado los avances que correspondía de los Fondos de Competitividad, incluido en el Sistema de Financiación Autonómica; no ha pagado tampoco la compensación por el Impuesto sobre Depósitos Bancarios aprobado por la Generalitat, y además el Estado ha impedido la gestión interna de otros recursos como el euro por receta sanitaria.

Jibarización del autogobierno por la vía legal, reglamentaria y financiera y ahogo económico de la autonomía, incremento de las desigualdades y recuperación económica con pies de barro podría ser un buen resumen de todo ello.

Y luego alguien se muestra sorprendido y atónito por la desconexión. Lo sorprendente sería todo lo contrario.

Post publicado en el blog de Carles Campuzano