Las nuevas leyes municipales

El debate político de las reformas a la Administración lleva a muchos a formular un discurso reduccionista y negativo referente a las instituciones públicas. El tema no es neutro. El menosprecio de las administraciones pone en riesgo los servicios públicos universales que estas prestan (intentando reducirlos) y el mensaje de descrédito de las instituciones es, de hecho, un ataque a la práctica de la democracia, buscando la legitimación de los mercados y de los grupos de poder que actúan como agentes políticos sobre los gobiernos y fijan políticas europeas y de sus estados y naciones. Los mensajes y el debate no son, por tanto, gratuitos: se busca laminar el Estado del bienestar reduciendo los servicios públicos y se pretende justificar la acción política de los poderes no democráticos.

ESTE DISCURSO tiene ahora una concreción a nivel municipal que se manifiesta en el proyecto de ley local que prepara el Gobierno del Estado. La nueva ley intenta fijar el principio de que cualquier servicio público no rentable en términos económicos se deberá suprimir o privatizar. Creo que un principio de estas características responde a los planteamientos más conservadores o thatcherianos que se pueden formular por las administraciones.

Con esta base se ignora el papel de los gobiernos en la búsqueda de la equidad y de la cohesión social mediante el servicio público. Pero, al mismo tiempo, se ignora que los ayuntamientos y otros entes territoriales han sido en los últimos años los primeros en aplicar políticas de colaboración público-privado mediante concesiones, empresas mixtas y privatizaciones. Unas políticas que habitualmente han sido criticadas por una derecha estatal que ahora nos pide, precisamente, «privatizar o desaparecer·».

El objetivo de esta ley no es otro que limitar las competencias municipales con el principio (lógico y sensato) de que una competencia la desarrolle solo una administración. Lo que sorprende es que este principio solo sea válido en las leyes de ámbito municipal: de este modo, solo los ayuntamientos deben limitar su ámbito de actuación. Ojalá que en la ley de Presupuestos del Estado se fijara que no es necesario habilitar presupuesto, ni tener ministerios en los ámbitos de cultura, de vivienda o medio ambiente, al tener otorgadas estas competencias las comunidades autónomas. También sería bueno que en el mundo educativo, allí donde las administraciones estatales o autonómicas no han considerado enseñanzas obligatorias, lo que la sociedad requiere (guarderías, enseñanzas artísticas o educación para los jóvenes con dificultades especiales), se reconociera como competencia municipal. Las últimas medidas anunciadas de reducción de un 30% de los concejales y de las concejalas en los ayuntamientos no pueden ser calificadas más que de populistas y demagógicas. El ahorro que aportan es, aproximadamente, cero. Se ignora (o se quiere ignorar) que de los 8.116 alcaldes y alcaldesas y de los 68.462 concejales y concejalas que hay en el Estado, una mínima parte tienen su sueldo vinculado a la administración. Solo una parte de los electos de ciudades y pueblos medianos y grandes tienen un salario municipal. El resto, la mayoría, debería estar catalogada en el apartado de voluntarios al servicio de sus vecinos en sus pueblos y ciudades.

Los discursos generales sobre el municipalismo también ignoran la aportación histórica de las ciudades al progreso y a la construcción de las naciones y de Europa. No es solo el concepto de mejor eficiencia municipal en la prestación de servicios en función de la proximidad al ciudadano. Es mucho más que eso: la ciudad es el ámbito social donde se crean los espacios de libertad y de progreso y, por tanto, es el marco donde prioritariamente tenemos que situar las competencias que permiten el progreso individual y colectivo.

LAS VISIONES municipalistas son, además, perfectamente compatibles con la reforma de las administraciones públicas. Hay que reducir las administraciones y hace tiempo que defiendo la necesidad de tener solo un nivel de administración y de colaboración supramunicipal: o consejos comarcales o consejos de veguería o diputaciones. Hay una única administración supramunicipal y hay políticas de incentivo a las mancomunidades de servicios entre los ayuntamientos pequeños, sin necesidad de más estructura administrativa. Hay que hacer reformas. Hay que reducir costes. Hay que reducir niveles de administración. Pero no debemos perder nunca la perspectiva de lo que es importante: lo que necesitan los ciudadanos es empleo y servicios públicos y lo que necesitan las empresas, desde la óptica de la función pública, es agilidad administrativa y creación de infraestructuras y marcos de promoción empresarial.

Ante un estado de opinión que tiende a culpabilizar a las administraciones, no debemos fomentar la pérdida de control democrático y de competencias de los municipios sino que debemos fortalecer la democracia con reformas que preserven los bienes públicos y avanzar hacia un poder municipal que, cada vez con más competencias, apueste por la ciudad como ente creador de libertad y de progreso. Alcalde de Lleida y secretario de Cohesión Territorial del PSC.