El debate sobre democracia y seguridad
Las libertades y Xavier Vinader
El periodista es un referente para afrontar las amenazas a derechos individuales que ahora resucitan
Marc Carrillo
Catedrático de Derecho Constitucional (UPF)
MARC CARRILLO
En memoria de Xavier Vinader.
En la nueva ley orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, ya conocida como la ley mordaza, se prescribe como una infracción grave «el uso no autorizado de imágenes (…) de autoridades y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes (…)»; y seguidamente se establece que ello será sin perjuicio del «(…) respeto al derecho fundamental a la información». La infracción comportará una multa que oscilará entre 601 y 30.000 euros.
Ante esta regulación legal cabe preguntarse quién deberá autorizar la difusión de las imágenes por los profesionales de la comunicación o de un simple ciudadano que las hayan obtenido: ¿la propia policía?, ¿el juez?... También cabe interrogarse si con esta nueva ley y el necesario ejercicio del derecho a la información en una sociedad abierta, que la ley dice respetar, ahora será posible, sin temor a una sanción tan contundente, la difusión de imágenes que conciernan a los cuerpos de seguridad pública, ya sean obtenidas por un periodista gráfico o una oenegé. Por ejemplo, las relativas a la violencia indiscriminada practicada hace pocos años por miembros de la Policía Nacional en el interior de la estación de Atocha en Madrid; las más recientes sobre la intervención de los Mossos en el Raval de Barcelona, saldada con la muerte posterior de la persona retenida; o, en fin, las de la actuación de la Guardia Civil en la valla de Melilla, expulsando en caliente del territorio español a un inmigrante inconsciente que intentaba traspasarla.
Hablando de libertades públicas, es decir, de aquellos derechos fundamentales que garantizan ámbitos de autonomía de la persona frente al Estado, tampoco puede dejarse de lado la trayectoria que pueda seguir el anteproyecto de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal aprobado hace semanas por el Consejo de Ministros. Se trata de una previsión por la que el Gobierno pretende ampliar los supuestos excepcionales en los que, sin autorización judicial previa, el ministro del Interior o el secretario de Estado de Seguridad pueden ordenar la intervención de las comunicaciones.
El texto establece una ampliación que ahora abarca a las investigaciones llevadas a cabo en delitos contra menores o personas con capacidad jurídica modificada judicialmente, además de otros delitos que en virtud de las circunstancias del caso puedan ser considerados de especial gravedad y existan razones que hagan imprescindible la intervención de las comunicaciones. De prosperar esta nueva regulación supondría una clara reinvención de la Constitución por parte del legislador, que abriría la veda al Estado para espiar a los ciudadanos sin grandes cortapisas. Es decir, a través de una ley se estaría reinterpretando las garantías de este derecho fundamental con una lógica autoritaria, a través del control preventivo de la libertad, haciéndole decir a la Constitución lo que no dice. Porque de acuerdo a la misma, esa intervención de comunicaciones sin previa autorización judicial solo es posible en las investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas.
El derecho a comunicar y recibir información veraz así como el referido al secreto de las comunicaciones, son dos derechos fundamentales que, a su vez, resultan esenciales para el periodista. En los años del tardofranquismo y la Transición -que de forma estúpida ahora es denostada sin matiz por algunos-, la labor de los periodistas alejados de los centros de poder era especialmente arriesgada. Las condiciones del derecho a informar para dar luz a las excrecencias de la dictadura de Franco, que se prolongaron tras los primeros años de democracia, eran tan difíciles que no solo corría peligro la libertad sino la integridad física y la vida del periodista. Y en ese contexto -en expresión de Vázquez Montalbán- el flagelador de parafascismos que fue Xavier Vinader, con su dignidad y coraje fue un referente.
Un coraje profesional presente en sus trabajos, especialmente sobre la extrema derecha policial, o la concentración poblacional y falta de infraestructuras en barrios como Can Oriach en Sabadell o las huelgas en el cinturón obrero de Barcelona, publicados en Tele-Express, Arreu, Por Favor, Interviú, entre otros. Y un referente de actitud profesional para afrontar las amenazas que, ahora, en pleno sistema democrático, se ciernen sobre las libertades públicas y que también afectan a los periodistas. Un ámbito este en el que junto a excelentes profesionales, tampoco son escasas las muestras de fieles y melifluos servidores del poder y de ignorantes enciclopédicos que hablan de todo sin especial conocimiento de nada.
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