Las cuentas que de verdad importan

La Fundación BBVA y el Ivie se distinguen por su trayectoria de realizar análisis rigurosos sobre cuestiones de primera importancia para los ciudadanos. Así es su último informe sobre la disparidad del gasto en servicios públicos fundamentales en España. Es un trabajo de envergadura para el cual los autores han tenido que crear una base de datos sobre la distribución territorial del gasto en los principales servicios públicos (singularmente sanidad, educación y pensiones). El estudio abarca el periodo entre el 2002 y el 2013 y cubre los gastos de todas las administraciones que operan sobre el terreno, principalmente el Estado y las comunidades autónomas. De esta forma suple una carencia muy importante.

De hecho, el primer comentario importante sobre el trabajo es, en cierto modo, ajeno al contenido del mismo. Los datos que aporta el estudio deberían haber sido generados por la propia Administración sin que, inexplicablemente, estén disponibles ni se conozca ningún plan para lo estén algún día. Probablemente el hecho de que sean dos, y no una, las principales administraciones responsables del gasto público social se utilice como coartada por los políticos correspondientes para evitar realizar el esfuerzo de transparencia y consolidación que han hecho los autores del trabajo en su lugar. Si es así, esos políticos son miopes y van confundidos: en la situación actual, donde a tantos ciudadanos todavía les faltan pruebas de que la recuperación económica existe, lo mínimo que se pide a los responsables políticos es que gestionen de forma diligente y eficaz los recursos que ponemos a su disposición. Y, naturalmente, el primer paso para una gestión eficaz es disponer de un mapa como el que surge del informe. El estudio conocido ayer evoca la inquietante pregunta de cómo planifican los políticos sus programas de gasto si no tienen este tipo de información sobre la mesa.

El trabajo es denso y requerirá -lo merece- un análisis detenido. Con todo, se pueden destilar algunos mensajes básicos. En primer lugar, las desigualdades entre ciudadanos de regiones distintas vienen de lejos y, según los autores, no son consecuencia de la autonomía sino de la forma y envergadura con que se ha desplegado el sector público en España. En segundo lugar, según el estudio, aquellas políticas de gasto que están centralizadas, como las pensiones, se prestan de forma más igualitaria que aquellas que estás descentralizadas en las autonomías, como una buena parte de la sanidad y la educación.

La primera parte es evidente y lo realmente interesante es saber las causas de la disparidad en el gasto público autonómico. Sobre este punto los autores ofrecen un abanico de tres posibles causas (mayor prudencia de algunas comunidades a la hora de asumir compromisos de gasto, mejor previsión financiera o asignación suficiente de recursos) pero, prudentemente, evitan valoraciones políticas.

Sin embargo, con lo que explican ya es suficiente para ver cuáles son la cuentas que realmente importan y de qué y quién dependen.