Las cajas, entre el tijeretazo y la reforma

Parece que los márgenes de gestión social de la crisis van agotándose y el Gobierno inicia la vía de la gestión mercantil. Pese a la pasividad del Gobierno central, hasta hace dos semanas teníamos unos niveles importantes de diálogo social, con los que se pretendía lograr los máximos consensos posibles a partir de compromisos para repartir equitativamente los costes de la recesión económica.

Así las cosas, la estrategia de reforzar el compromiso y el equilibrio de costes entre los diferentes sectores sociales a través del diálogo social ha quedado en entredicho después de que los mercados financieros hayan lanzado un feroz ataque contra el euro y los países de la UE con mayor dependencia de los mercados financieros internacionales en los que colocar la deuda. El Gobierno ha cedido a los dictados del mercado financiero y del FMI y ha impuesto uno de los más duros recortes conocidos de la historia reciente, el tijeretazo. Un recorte que afecta a las personas dependientes, a pensionistas, a trabajadores públicos, sin contrapartidas en las capas altas de la sociedad. Un recorte que mantiene la atonía económica al debilitar la recuperación de la demanda interna, vía reducción de la capacidad adquisitiva y la disminución de la inversión pública, que aleja el horizonte de reactivación económica y creación de empleo y que pone en peligro la cohesión social al tiempo que nos instala en una dinámica de conflictividad social.

Desde hace tiempo sabemos que el principal problema de la economía es la situación de un sistema financiero encadenado por los excesos de un modelo de crecimiento con predominio de la economía financiera, especialmente especulativa, sobre la economía real, productiva. Hoy, el nivel de endeudamiento inmobiliario del sector financiero supera los 320.000 millones de euros y tiene apalancados más de 40.000 millones en suelo que ni puede ni quiere sacar al mercado, tanto por falta de demanda como, especialmente, para evitar una caída del valor que empeoraría los balances de las entidades.

En este marco, son necesarias reformas estructurales. Y hoy las principales, las prioritarias, son las que inciden en reactivar la economía, las que permitan mantener e incrementar la demanda interna, pública y privada, que es lo que en definitiva tirará de la actividad económica y puede generar creación de empleo. Y, por tanto, la reforma financiera y la fiscal son las prioritarias. Solo con la lucha decidida contra el fraude fiscal se podrían recaudar más de 38.000 millones de euros en el conjunto del Estado. En Catalunya, con la bajada del impuesto de sucesiones hemos perdido 540 millones de euros, que contrastan con los 200 millones en que se pretenden recortar los sueldos de los trabajadores públicos.

Y en este contexto, el único acuerdo logrado entre el Gobierno y el principal partido de la oposición es la reforma de la ley de cajas. Una reforma para acabar reestructurando el sector financiero mediante la eliminación de la dualidad del sistema y, por tanto, el papel y la aportación social de las cajas. Las cajas no tienen accionistas, de modo que los beneficios se reparten a través de la obra social al conjunto de la sociedad. En el 2009, solo con el convenio con la Generalitat, las obras sociales de las cajas catalanas aportaron directamente más de 45 millones para las finalidades sociales acordadas con el Govern. La introducción de cuotas participativas, si no se hace una regulación clara y se ponen unos límites definidos, puede poner en cuestión la aplicación del beneficio de las entidades a las finalidades sociales.

No hay duda de que el sector de las cajas necesita una reestructuración tras años de crecimiento desmedido a base de crédito hipotecario. El aumento de la morosidad, el endeudamiento excesivo y el sobredimensionamiento de las redes de oficinas de muchas entidades hacen necesaria la reforma si queremos recuperar el acceso al crédito de las empresas y de las personas y tener de nuevo los beneficios suficientes para contribuir al desarrollo territorial a través de la obra social. De acuerdo con esta realidad, habría que plantear la modificación de la ley que las regula, para que aquellas que lo necesiten puedan reforzar sus recursos propios y la solvencia. Pero estos cambios legislativos en ningún caso pueden poner en riesgo la naturaleza jurídica de las cajas y su función social, ni modificar el actual marco competencial que otorga a las comunidades autónomas la función de supervisión de estas entidades.

Como hemos dicho en muchas ocasiones, las cajas contribuyen al desarrollo de los territorios donde están presentes a través de la actividad financiera y de la obra social y evitan la exclusión financiera de las personas con más dificultades. La privatización de las cajas tendría efectos en el desarrollo económico y social de nuestro país. La experiencia de países como Italia es que la entrada de capital privado en las cajas de ahorro supuso su desaparición, provocando un aumento de la exclusión financiera de amplios sectores de la población. Por ello, ahora más que nunca, hay que preservar la naturaleza jurídica de las cajas y su función social. Secretario general de CCOO de Catalunya.

También firma el artículo Dolors Llobet, miembro del consejo de administración de La Caixa en representación de los trabajadores.