Jueces y lucha antiterrorista

La investigación de un atentado terrorista es de las más difíciles que existen, dado que la espectacularidad de la acción violenta contrasta absolutamente con la extrema escasez de pistas que pueden encontrarse para descubrir a sus autores. Además, una organización armada con objetivos políticos, aunque también suele tener un aparato de finanzas, no acostumbra a poseer una finalidad económica a través de la cual se puedan seguir en parte sus actividades, como sí sucede con las bandas de narcotráfico. 

Al contrario, la actuación interna de una banda terrorista es siempre de una extrema clandestinidad. Sus estructuras están diseñadas para ocultar los datos de sus acciones a los investigadores, estableciéndose una solidaridad interna entre sus miembros dirigida sobre todo a encubrir a los auténticos responsables, así como el estado real de la organización. Por eso es tan difícil saber quién hizo qué, quién es quien, quién estuvo o no en la estructura operativa o en la toma de decisión, etcétera.

Actividad de propaganda

Por ello, no resulta nada extraño que surjan pistas falsas fruto de errores en la investigación o de falaces señuelos dejados por los activistas para borrar sus huellas. Además, se intenta desplegar una eficaz actividad de propaganda destinada no solo a captar más adeptos, sino también enfocada a ofrecer una imagen de fortaleza de la organización que desmoralice al enemigo, igual que en las guerras. Por ello, la batalla por el control de la información es vital en este medio, lo que también complica muchísimo la labor judicial, que ni entiende ni debe entender de estrategias tacticistas cuasimilitares.

Por todas estas razones, si en estos asuntos socialmente tan delicados se desea un proceso judicial eficaz con un sustento probatorio suficiente -lo que no siempre ha sido el caso, como ha destacado con cierta frecuencia el Tribunal Supremo-, la actividad policial debe tener una altísima profesionalización y especialización, siendo esencial la peligrosa pero imprescindible labor de infiltración. No es necesaria, en cambio, la especialización judicial. La existencia de la Audiencia Nacional se debe precisamente a la persistencia de ETA a finales de los años 70 del siglo XX, pero hace mucho tiempo que ha perdido todo sentido si es que alguna vez lo tuvo. Es esencial la labor policial especializada, como ya se ha dicho. Pero la superespecialización judicial no solo es innecesaria y difícil de materializar, sino que además solo resulta constitucional con muy difíciles equilibrios que a veces parecen propiamente imposibles. A cualquier delincuente le debe juzgar cualquier juez de una pluralidad que puedan ser competentes, y no siempre el mismo grupo de jueces.

Pero también deben tener prudencia los medios a la hora de tratar estas noticias. El sensacionalismo ayuda a la actividad propagandística de la banda terrorista, y las filtraciones, casi siempre interesadas, no solo no mejoran la información del ciudadano, sino que entorpecen la investigación. Haríamos todos bien en tenerlo muy en cuenta en todos los sentidos.