Salvarse políticamente sin inmolarse penalmente

Artur Mas ha endurecido este viernes el tono de su primera intervención, aunque no el fondo, a pesar de las críticas que ha recibido en los últimos días por haberse acogido a una defensa basada en los defectos formales. No se ha inmolado jurídicamente como ha procurado su abogado, ha intentado salvarse políticamente del desdeño de los radicales, pero sin dar satisfacción a la desobediencia de las tertulias, como dijo otro de los abogados defensores. Ha seguido negando ningún ánimo de desobediencia al Tribunal Constitucional, en todo caso, voluntad de plantar cara al Gobierno central por su inmovilismo. Eso sí, se ha declarado responsable político de todo lo que no se juzgaba en la sala: de escuchar a la gente, de obedecer al Parlament, de convocar elecciones y plebiscitos, de idear la pregunta de la consulta y el formato alternativo del proceso participativo, también de sacrificarse personalmente para que el 'procés' prosiguiera. 

La cosa juzgada, según la Fiscalía, vendría a ser la siguiente. Los acusados son demasiados listos para poder alegar ignorancia ante las repercusiones de una providencia que habían entendido perfectamente unos días antes cuando acataron la anulación del decreto de la consulta por parte del TC. Optaron por engañar al Estado de derecho delegando supuestamente la organización en los voluntarios. La magia de la tecnología funcionó hasta el punto que el mismo fiscal de la causa, de guardia aquel domingo 9 de noviembre, aconsejó no prohibir el desarrollo de la convocatoria por creerse la apariencia de que alguien había organizado algo. Luego, tras el éxito popular y la capitalización política por parte de Mas, el ministerio público reaccionó hasta llegar a pedir una condena de desobediencia para los impulsores de la acción de los voluntarios.

La defensa de Mas se ha hecho fuerte en la idea de que no pudo haber desobediencia jurídico-penal porque no había interés en que obedeciera, por eso no existió un requerimiento formal individualizado ni se instó al incidente de ejecución tras la prohibición. No desobedece quien no es instado correctamente a obedecer, ha asegurado su abogado, que ha apuntado que tal vez el señor Mas se equivocó por hacer esta interpretación 'in dubio pro libertate', pero si lo hizo sería de la mano de gente altamente cualificada en la materia.  

Mas, Ortega y Rigau no estaban para formalismos después del malestar creado en sus propias filas por su bajo tono patriótico del primer día. Se ha reafirmado en sus posicionamientos políticos, sin caer en la tentación de provocar al tribunal ni mucho menos deslegitimarlo. Todo lo contrario. “Este es un ámbito en el que se pretende ser justos”, ha señalado Mas. Aunque se ha extrañado que lo sucedido el 9-N pueda ser considerado delito en ninguna democracia, ha estado de acuerdo con el fiscal: la democracia se hace grande con un buen Estado de derecho. Lo que pasó fue que los voluntarios se hicieron suyo todo lo que había preparado a conciencia la Generalitat y entonces, ¿quién sabe cómo dar órdenes a 42.000 voluntarios para pararlo?