Innovación, democracia y corrupción

No es muy frecuente que las revistas científicas se ocupen de cuestiones de política. Acaban de aparecer dos artículos en la revista estadounidense Science Scienceque se ocupan de dos temas poco usuales en ella: la relación entre corrupción e innovación y la solidez de los sistemas democráticos en el mundo. El caso español aparece en los dos estudios.

Uno de los trabajos, realizado por un grupo de investigación alemán, se plantea cuál es la base de la adhesión de los ciudadanos a un sistema democrático. Compara datos de análisis sociológicos de más de 100 países de todo el mundo, entre ellos España, entre 1994 y el 2013. Su conclusión es que la adhesión a un sistema democrático procede del interior de la misma población y que el convencimiento de la validez del sistema se consigue al cabo de un cierto tiempo, que el trabajo evalúa en unos ocho años. En España esto concuerda con las encuestas en las que aparece la adhesión creciente a la democracia de las generaciones jóvenes y confirma que a partir de los años 80 poca gente en España favorecería sistemas distintos del democrático.

El otro trabajo, también procedente de Alemania, correlaciona la capacidad innovadora de los países de la Unión Europea y su grado de corrupción, definida por el Banco Mundial. La relación es muy significativa: los países que son más innovadores son aquellos que tienen unos niveles más bajos de corrupción. Es posible que a nosotros este estudio no nos diga nada nuevo. Un sistema en el que intereses personales parasitan las decisiones colectivas impide que afloren las tendencias más creativas de la sociedad. En el análisis se pueden diferenciar tres grupos de países. Los del centro y el norte de Europa son los menos corruptos y los más innovadores; en el otro extremo están los países del este y del sur, donde la corrupción es más grande, y hay un grupo intermedio en el que figuran Portugal y España.

Para que haya innovación es necesario un sistema que permita que afloren quienes tienen las mejores propuestas, y esto lo podemos observar en el campo de la investigación. Es posible que en ciencia no haya grandes casos de corrupción, entre otras cosas porque hay poco dinero, pero se puede dar lo que se puede llamar corrupción de baja intensidad. En los procesos de evaluación de proyectos, de selección y promoción de personal, hay una extraña resistencia a que se pongan en marcha mecanismos que garanticen la eficiencia del sistema. La persistencia de mecanismos funcionariales en el personal, la imposibilidad de que se pongan en marcha agencias de gestión de los proyectos, la falta de sistemas de asesoramiento científico, incluso los previstos en las leyes, son síntomas de esta tendencia. Bajo la apariencia de control, la gestión burocrática de personal y proyectos impide la transparencia en la designación de tribunales y ponencias que quedan en manos de la buena voluntad o de los intereses de sus componentes.

Es posible que la persistencia de una corrupción de baja intensidad sea consecuencia de los pactos de la Transición democrática que ahora se discuten. Si el sistema democrático en su conjunto no es objeto de controversia, sí lo están siendo algunos compromisos que se aceptaron en favor de la calma con que se llevó a cabo el proceso. En el sistema de gestión de la ciencia hubo reformas importantes en la primera mitad de los 80, en particular la primera ley de la ciencia de 1985, pero que tuvieron que incluir compromisos con un sistema administrativo intocable. Algo parecido ocurrió con la nueva ley aprobada en el 2011. Que en el entorno de crisis que estamos pasando no se pongan en marcha ni las reformas previstas para hacer el sistema más eficiente es ciertamente preocupante.

Lo que pasa en el campo de la gestión de la ciencia, marginal en nuestra Administración, puede ser un síntoma de una actitud más general. El argumento que se emplea cuando se proponen reformas es que el principio de legalidad está por delante del principio de eficiencia, lo que demuestra la incapacidad de definir normas que prioricen una gestión eficaz de los recursos públicos. En nuestro sistema, y de forma especialmente intensa en los últimos años, los cuerpos de funcionarios dirigen el funcionamiento de los organismos del Estado identificando a menudo el interés de este con sus propios intereses corporativos. Es posible que el amiguismo y el nepotismo no sean exclusivos del sistema público y que se dé tal vez incluso en mayor medida en ciertos tipos de empresas. El resultado es una falta de innovación que es grave en nuestro entorno competitivo, y aún más cuando disponemos de generaciones de jóvenes bien formados que no pueden desarrollar su creatividad. La situación de nuestro sistema de investigación es grave en sí misma, pero también como síntoma de un sistema político que nuestra sociedad acepta mayoritariamente pero que algunas prácticas obsoletas impiden que se desarrolle plenamente.