Inmigrantes en busca y captura

Es un mes de agosto idílico para la vuelta de tuerca populista que prepara el primer ministro británico, David Cameron. Se siente fuerte tras la amplia victoria electoral -que ni él mismo esperaba- del pasado mayo. No tiene oposición enfrente. Los liberales están casi borrados del mapa y los laboristas están entre el diván y la elección de su nuevo líder a primeros de septiembre. Mientras sacude el calor y muchos británicos se distraen con los pies en remojo, Cameron está desglosando el contenido de una de las leyes de inmigración más crueles de toda Europa.

El reto de la inmigración no permite soluciones fáciles. Requiere concertación europea y sensibilidad. Es material inflamable en la sociedad, por las grandes diferencias culturales con quienes vienen de fuera y el celo de muchos autóctonos a los que la crisis ha golpeado duro. Pues bien, tanto el lenguaje empleado por el Gobierno británico como el contenido de su nueva política se parecen más a los de un partido extremista y minoritario en desesperada búsqueda de atención que a los de un Ejecutivo serio de un país tan respetable como el Reino Unido.

Hace unos meses, Theresa May, mujer fuerte en el Partido Conservador y ministra del Interior, dijo que no era partidaria de las misiones de salvamento en el Mediterráneo porque producían un efecto llamada. Muchos preguntaron si prefería que los inmigrantes se ahogasen para dar una lección a quienes considerasen lanzarse al mar. May ha advertido hace poco que las calles del Reino Unido «no están pavimentadas de oro». Su jefe, Cameron, no se ha quedado atrás y se ha referido a los inmigrantes atrincherados en Calais como «una plaga de gente». Incluso al líder populista Nigel Farage le ha parecido excesivo.

Ley discriminadora

La nueva ley de Cameron obligará al ciudadano a hacer un trabajo sucio, conminándole a tomar acciones que en muchos casos serán injustas e inhumanas. El Estado dará un paso atrás y convertirá al ciudadano en una suerte de sheriff cazainmigrantes. Quien emplee a un inmigrante sin permiso de trabajo podrá ir a la cárcel. Pero especialmente peligrosa resulta la obligación del arrendador de verificar la validez del permiso de residencia de su inquilino e incluso expulsarlo si detecta alguna irregularidad. Si no lo hace, podrá ir cinco años a la cárcel. Es fácil entender por qué la ley producirá discriminación: será siempre más rápido y menos problemático alquilar o dar trabajo a un ciudadano británico.

La espiral criminalizadora de la inmigración no responde ni al perfil de los inmigrantes ni al volumen del fenómeno. Un informe de Cáritas-Francia advierte de que la mayoría de quienes se agolpan en Calais son verdaderos demandantes de asilo. Emprendedores, médicos, profesores o sencillamente jóvenes espantados por las guerras y las tiranías dispuestos ahora a trabajar lo que haga falta para abrirse paso dignamente.

Si miramos las cifras, el verano caliente de Cameron está todavía menos justificado. Unos 5.000 inmigrantes han llegado a Calais este verano, frente a los 120.000 que han llegado a Grecia este año. En el 2014 el Reino Unido recibió la mitad de peticiones de asilo que Francia o Italia y una sexta parte de las que fueron presentadas en Alemania. Pero el populismo no entiende de datos.