La industria electrónica entierra los derechos humanos y ambientales

En el 2010, el mediático rescate de los 33 mineros chilenos atrapados durante 70 días en la mina San José, en el desierto de Atacama, alertó sobre las condiciones de trabajo y la carencia de medidas de seguridad en las minas, de las cuales se extraen los minerales que contienen nuestros móviles. 

El sector de la minería es hoy uno de los más peligrosos del mundo. Se estima que produce un 8% de todos los accidentes mortales y según la Federación Internacional de los Sindicatos Generales de Trabajadores Químicos, Energéticos y Mineros, mueren 12.000 mineros cada año en el mundo.

La precariedad y la inseguridad laboral no son las únicas vicisitudes que afronta el sector: diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian la persecución de la actividad sindical perpetrada por las transnacionales mineras.

El Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo sobre salud y seguridad en las minas solo lo han ratificado Brasil, Perú y Uruguay en la región. En contraste, la minería ha vivido un crecimiento exponencial en las dos últimas décadas. La producción de oro ha aumentado de un 10,3% en 1990 al 19,2% en el 2010 y respecto al cobre, del 24,9% al 45,4%. Se trata de dos minerales que se utilizan en la producción de microconductores para los teléfonos inteligentes. Estos datos muestran que para poder continuar vendiendo productos diseñados para la obsolescencia programada, se requieren cantidades ingentes de minerales y recursos no renovables, y esto ha convertido a la industria electrónica en una de las más dinámicas de la economía mundial.

Aumenta la minería y el modelo depredador

¿Por qué América Latina es la región donde las corporaciones transnacionales mineras invierten más en nuevos proyectos de explotación? En los años 90 diferentes países latinoamericanos aprobaron leyes para atraer inversiones extranjeras. Esto contrasta con los procesos constituyentes en Ecuador (2008) y Bolivia (2009) que reconocen derechos a la naturaleza y a los pueblos indígenas (como el derecho a la consulta previa e informada para llevar a cabo proyectos extractivistas en territorios ancestrales). A pesar de estos procesos, no se ha producido un cambio profundo en el modelo de desarrollo extractivista latinoamericano, muy dependiente de la exportación de materias primas, como los minerales.

No es casual que la región sea la más peligrosa para las defensoras ambientalistas: 212 personas han sido asesinadas en el continente durante el 2017 por defender los derechos de la tierra, ambientales y de los pueblos indígenas. Además, las mujeres defensoras denuncian campañas de difamación y amenazas de violencia sexual. La criminalización de la protesta es uno de los principales obstáculos para la defensa de sus derechos y de sus comunidades.

Las luchas de resistencia de pueblos indígenas también se articulan con las de otros movimientos campesinos y sociales que defienden sus territorios, el Buen Vivir y la soberanía alimentaria ante la embestida de nuevos proyectos extractivistas que afloran a lo largo de todo el continente.