La independencia de la ciencia

La voz de la ciencia no se hace oír mucho en los asuntos públicos. Cuando hay un problema importante que necesita de un análisis riguroso, y cuando no hay más remedio, se acude a quien se considera que puede ayudar a resolverlo. A veces es demasiado tarde y otras veces la respuesta es molesta incluso para los responsables políticos elegidos democráticamente. Pero disponer de una voz independiente que plantea las cuestiones desde una perspectiva científica es indispensable en una sociedad democrática.

Hay muchas cuestiones que nos interesan como sociedad que tienen algún tipo de componente científica o que requieren la participación de expertos. Entre las grandes cuestiones podemos destacar ejemplos que tienen que ver con el clima. Hace más de 30 años un grupo de investigadores descubrió que la capa de ozono de la estratosfera, y que protege de los rayos ultravioletas, se estaba debilitando y que se producía un agujero de dimensiones crecientes en el Polo sur. Descubrieron que los gases que se utilizan en los frigoríficos reaccionaban con el ozono y lo destruían. Por este descubrimiento recibieron el Nobel de Química en 1995. Pero sobre todo propició que se pusiera en marcha un movimiento internacional que llegó en 1987 a la aprobación del Protocolo de Montreal para reducir la producción de estos gases. Las últimas noticias nos dicen que el agujero de ozono se ha reducido.

Otro caso actual es el del Panel Internacional sobre el Cambio Climático. Los indicios de que nuestra actividad y sobre todo el uso de combustibles fósiles tienen efectos sobre los equilibrios climáticos llevaron a que en 1986 las Naciones Unidas pusieran en marcha una gran consulta científica para recoger los datos más fiables sobre la existencia de cambio climático, sus causas, los posibles escenarios de futuro y las formas de mitigar sus efectos.

Sus conclusiones han sido cada vez más claras, pero chocan con determinados intereses y grupos políticos que piensan que las soluciones pueden afectar al bienestar de la sociedad que gobiernan. Los ataques a los científicos del Panel Internacional han sido constantes, sobre todo en Estados Unidos, pero la conciencia global del problema se está imponiendo.

Por estas razones en muchos países se han creado vías de consulta de la opinión científica. En los países anglosajones existe la figura del Chief Scientist, una persona con formación científica que informa de manera sistemática las decisiones de los ministerios. Los informes de estos expertos son a menudo públicos y permiten formar una opinión pública informada. Las academias de ciencias también colaboran en esta función en muchos países. En la Unión Europea hay comités muy diversos de reflexión científica. En los últimos años el presidente de la Comisión Europea creó la figura del Chief Scientist y llamó a la doctora Ann Glover, que había desempeñado esta función en Escocia. Su trabajo se caracterizó por una gran libertad de expresión. Puede que su independencia no cayera bien a los dirigentes de Bruselas, pero en enero dejará el cargo y este desaparecerá. No es una buena noticia.

En España este tipo de reflexión es poco frecuente. En los casos de algún desastre se busca a toda prisa algún experto o se forma algún comité que analice un problema y proponga alguna solución. Y sobre todo que permita calmar la situación. Pasó con el hundimiento del Prestige, con la crisis de las vacas locas o ahora con el ébola. Cuando la crisis pasa cada uno vuelve a su lugar y a los científicos se les olvida. En Catalunya se ha formado en el Parlament una Comissió d'Assessorament Científic que tiene una cierta actividad, lo que resulta mejor que en el Parlamento español donde la consulta a los científicos es esporádica. Hay instancias consultivas en distintos ministerios pero su incidencia a nivel público es muy escasa. Incluso algunos de estos comités previstos en las leyes ni siquiera se han constituido nunca.

Es posible que haya alguien a quien le preocupe una presencia excesiva de científicos cerca de los lugares de decisión. Los grupos de expertos no tienen una legitimación democrática y no pueden convertirse en un nuevo poder dentro de la sociedad. Las decisiones las deben tomar los ciudadanos y aquellos que han sido escogidos por ellos.

Por otro lado, existe una tendencia reciente a poner en marcha sistemas que controlen la forma como se lleva a cabo la ciencia y las conclusiones que se deducen. Es una práctica habitual que los poderes públicos decidan las prioridades de la financiación de las investigaciones, la existencia de regulaciones éticas y de seguridad o las maneras cómo se aplican sus resultados finales.

Pero una sociedad democrática debe tomar sus decisiones sobre la base de la mejor información científica y esto solo se puede conseguir con la existencia de una comunidad científica potente y que pueda hacer oír su voz de forma libre e independiente.