Igual que no hacer nada

Recuerdo haber visto hace años en el despacho de un Jefe de Policía un cuadro con una frase: «Al amigo se le ayuda, al enemigo se le aplica la ley». Con el paso de los años he podido comprobar, que si bien ayudar a los amigos es más sencillo, la aplicación de la ley al enemigo dista mucho de ser cosa fácil. Existen tantos elementos garantistas en nuestro sistema jurídico, con cuya finalidad, por otra parte, estoy de acuerdo, que a veces lo que acaba sucediendo es que se revierte la frase, de tal manera que al amigo se le aplica la ley y, por ende, al enemigo casi se le ayuda. 

Y para mí es un enemigo aquel que genere malestar, incomodidad, sufrimiento, miedo, dolor… al prójimo. Y no se trata de un dolor físico, sino también psíquico. La sensación de fracaso e impunidad percibida que, sin duda alguna, incide en la inseguridad subjetiva que padecen los ciudadanos. Unos ciudadanos que se quejan de que no se hace nada, de que si la policía tiene conocimiento del desarrollo de actividades ilícitas, como las vinculadas al tráfico de estupefacientes en pisos ocupados en algunos barrios, entonces, por qué no se actúa.

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La cuestión es que sí se actúa, pero conforme a la ley. ¿Y esto que implica? En primer lugar, que un piso que adquiere la condición de domicilio, aunque sea mediante el estatus de ocupado, cumple las mismas garantías de inviolabilidad que otro cualquiera, con lo cual, para poder llevar a cabo la acción de un registro tiene que haber una orden judicial que lo autorice. El tortuoso camino para obtener esta orden conlleva la dedicación de varios agentes a la investigación y corroboración de las actividades ilícitas de las que se haya tenido conocimiento, que nunca surge de la denuncia en dependencias policiales. La realidad es que ese ciudadano que se queja no formaliza su demanda sino que, como mucho, traslada su preocupación a los agentes que transitan su zona, y de forma verbal porque no quiere verse en el punto de mira por ser él quien ponga sobre aviso. Y es lógico.

SENSACIÓN FRUSTANTE

Bien, se tiene conocimiento, se asignan unos agentes, se vigila el lugar, los compradores y el trasiego en la finca, se consiguen todos los testimonios y aportaciones suficientes para que el juez emita la orden, y todo esto en un periodo de unos 15 días, con una importante inversión de medios humanos, y por ende, económicos, y por fin se consigue entrar en el domicilio. Si se trata de un piso ocupado para esta actividad, es probable que se den dos situaciones: como el delincuente conoce el funcionamiento policial y, la verdad, cambiar de una casa ocupada a otra tampoco le supone ningún gasto, antes de que se manifieste la orden ya se ha cambiado de lugar y ya no hay nadie ni nada allí… hasta la próxima vez; las cantidades incautadas son de tan poca entidad que las penas no son gran cosa, y menos para quienes tampoco tienen nada que perder, por su bajo perfil criminógeno. 

El resultado a tanto esfuerzo no tiene las consecuencias deseadas, y solo hace que perpetuar la sensación de frustración… una vez más. Vamos, igual que no hacer nada.