Guantánamo, 14 años de aberración

Para la administración neocon que presidía George W. Bush, el concepto de legalidad sobre el que se basa el estado de Derecho como recoge la propia Constitución de EEUU era una noción prescindible que se podía violar, como ocurrió con la guerra de Irak, ilegal además de inmoral. Pero antes la ilegalidad ya se había instalado en el centro de detención de Guantánamo, que EL PERIÓDICO ha podido visitar. Hace de ello 14 años. En campaña, hace ocho años, Barack Obama prometió que una de sus primeras decisiones en la Casa Blanca sería el cierre del llamado "gulag de nuestro tiempo". Aquel limbo legal sigue abierto.

El truco de Guantánamo, si así puede llamarse aquella aberración legal, está en que el penal se encuentra en la isla de Cuba y no se puede aplicar allí la ley que rige en EEUU y con ella las garantías jurídicas de los tribunales estadounidenses, de manera que los presos están encarcelados indefinidamente sin cargos y sin un juicio a la vista. También la definición de combatiente enemigo dada a los detenidos ha permitido esquivar la aplicación de las Convenciones de Ginebra sobre prisioneros de guerra. Es una situación que parece un laberinto kafkiano y que en realidad es más propia de una tiranía o satrapía que de un país democrático.

Algunos datos sobre el penal ilustran la falta de garantías. Ha habido un preso de 13 años y otro de 89. Nueve presos han muerto en custodia. Solo ocho de los casi 800 que han pasado por el campo desde su apertura en febrero del 2002 han sido condenados por las comisiones militares, unos tribunales que suplen a los contemplados por el ordenamiento jurídico. A los desmanes registrados hay que añadir la arbitrariedad de las detenciones, hechas en su mayoría a cambio de una recompensa por personas de más que dudosa reputación o intereses.

Para la administración estadounidense Guantánamo es un tema de seguridad cuando de lo que realmente se trata es de una violación sistemática de los derechos humanos más elementales. Hace pocas semanas Barack Obama presentó un plan para cerrar el centro alegando, entre otros motivos, el perjuicio que causa a la seguridad nacional -ya que da constantes argumentos al yihadismo- y porque mantenerlo abierto "es contrario" a los valores de EEUU. Lo ha sido desde el primer día, pero su cierre nunca ha sido una prioridad.