La gente que sufre no puede esperar más

Estimados candidatos, queridas candidatas,

La suspensión, hace solo unos días, de algunos artículos de la ley 24/2015 de vivienda y pobreza energética aprobada por unanimidad por el Parlament de Catalunya por parte del Tribunal Constitucional es una pésima noticia. Esta suspensión no es solo una cuestión competencial, sino que está enmarcada en un debate mucho más amplio: el de la garantía de los derechos sociales, como el derecho a la vivienda, que se están viendo amenazados. En España, 720.000 familias viven sin ningún ingreso, uno de cada tres niños vive bajo el umbral de la pobreza. Cinco millones de personas no pueden hacer frente a las facturas de luz, agua y gas.

Estos serían algunos ejemplos que ponen en evidencia que el crecimiento económico que está viviendo el Estado en los últimos trimestres no está repercutiendo sobre la vida de muchas familias en situación de pobreza. Es preciso, pues, que las políticas sociales permitan un crecimiento social necesario para la salida de la crisis. La situación actual requiere pensar en cambios estructurales de las políticas y del sistema, pero también hay que abordar la emergencia desde un punto de vista más efectivo en algunas medidas de choque. La gente que sufre no puede esperar más.

Las entidades sociales catalanas tenemos nuestras propuestas para el 26-J que van encaminadas a dos tipos de acciones; las medidas de choque y las medidas estructurales. Es inaplazable, pues, mojarse y postularse sobre aspectos tan importantes como el aumento del salario mínimo hasta los 800 euros para llegar a 1.000 euros, la reforma del sistema de la dependencia, una nueva ley del derecho a la vivienda y los suministros básicos y la retirada de los recursos contra la legislación catalana o la derogación de las leyes del voluntariado y del tercer sector... por solo mencionar algunas de las decisiones pospuestas a día de hoy y que repercutirían positivamente a reducir las desigualdades sociales que padecemos.

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Todas estas medidas deben permitir, también, construir un nuevo sistema fiscal redistributivo. Los impuestos son un instrumento para redistribuir la riqueza, y el actual no lo es. Desde la Mesa del Tercer Sector apostamos para que sea una realidad el impuesto de la renta negativo, porque una fiscalidad adecuada sería uno de los instrumentos más eficaces para reducir las desigualdades existentes. Pero, para ello, sería necesario que los impuestos fueran progresivos, es decir, que el porcentaje de renta que destinan los individuos más ricos a pagar impuestos fuera superior al porcentaje que destinan los más pobres. Un impuesto de la renta negativo haría el sistema más progresivo y más redistributivo de lo que lo es ahora, y lograría reducir los actuales índices de pobreza y de desigualdad. Asimismo, podríamos reordenar y hacer más eficientes las prestaciones y ayudas sociales existentes.

Para aplicar y definir estas propuestas que les planteo, pueden contar con el ancho y cohesionado tejido de entidades sociales que engloba el Tercer Sector Social. En Catalunya, más de 3.000 entidades sociales trabajamos en la atención a las personas, sin ánimo de lucro, para construir un mayor bienestar y una sociedad más inclusiva.

Por último, la campaña es muy importante, pero lo es más desarrollar políticas sociales que mejoren el bienestar de todos los ciudadanos y permitan construir una sociedad más cohesionada. Este es nuestro deseo, y nos gustaría saber que también será su compromiso a partir del 26-J.