Garantizar la ciudadanía, garantizar la renta

Después de años de reivindicaciones sindicales, el Estatut de autonomía del 2006 incluyó la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), como derecho subjetivo. Desafortunadamente a pesar de la presión sindical y social aún hoy está pendiente de desarrollar. Ante la inacción del Gobierno, que se negó a desarrollar el mandato estatutario, y para instar la acción política parlamentaria consensuar la RGC, en noviembre del 2013, se registran en el Parlament  120.000 firmas para una iniciativa legislativa popular (ILP) de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

La comisión promotora de la ILP, de la que formamos parte CCOO y UGT, junto con más de 73 organizaciones y entidades, quería materializar la demanda social de lucha contra la pobreza y la exclusión social, en un contexto de paro insoportable y de recortes, tanto de la protección para situaciones de paro como de las ayudas sociales.

Hoy la Renta Mínima de Inserción (RMI), que fue una conquista sindical en los años 90, ya no responde a las necesidades, ni por la cuantía de la prestación, que es insuficiente, ni por los requisitos de acceso, que son discriminatorios, ni por los procedimientos, que son excluyentes. La RGC es la exigencia de una respuesta institucional a una realidad de emergencia social donde la tasa de riesgo de pobreza y exclusión en Catalunya (tasa AROPE) es del 23,5% y en algunos grupos de población, como los hogares con hijos dependientes, llega al 28,4%, y en el grupo de las personas en paro, el 54,6%.

ÚLTIMO TRAMO

Estamos en la última fase del trámite de la propuesta de ley que debe sustanciar la RGC. Ha costado llegar, ha sido necesario superar obstáculos, maniobras dilatorias, interrupciones por fin de legislatura y nuevas elecciones, y ahora en medio de un debate presupuestario tortuoso y condicionado por dinámicas políticas partidarias. Durante todo este tiempo el dolor social, la desesperanza y la indignación han tenido éxito en amplios sectores de la sociedad. Para ello hace más de un año que el Pleno del Parlament aprobó una resolución instando a la puesta en marcha de manera efectiva de la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía durante el año 2017.

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Todavía no se ha consensuado la propuesta de ley , ni sabemos si el presupuesto definitivo de 2017 incluirá la correspondiente partida que comprometa los recursos económicos suficientes para garantizar la prestación, pero creemos que estamos ante la última oportunidad de cerrar una propuesta que es justa socialmente y necesaria políticamente.

Tanto con el Govern, como con los grupos parlamentarios, se ha avanzado en parte del articulado de lo que debe ser la ley.

ESCOLLOS PENDIENTES

Pero todavía quedan importantes escollos: en la cuantía económica de la prestación; sobre el carácter de derecho subjetivo no condicionado; y el período temporal para su plena implantación. Hay otras cuestiones aún abiertas sobre las que no hay posición definida ni definitiva, como es la compatibilidad de la prestación con el empleo y el carácter sustitutorio, o no, con otras prestaciones de ayudas.

La RGC no puede entenderse como un subsidio para pobres mientras el acceso al mercado de trabajo no ofrezca el bienestar y la libertad deseada. La RGC debe ser un primer paso en la línea de dotar de instrumentos (políticos, sociales, económicos) que garanticen existencias dignas y libres. La pobreza y la desigualdad crecen por las políticas que se aplican, pero también porque forma parte de la lógica de un sistema económico que se basa en la expropiación de la libertad individual para convertirla en ganancia privada.

Una asignación económica de suficiencia, entendida como derecho personal, universal y no condicionado, permitirá dotar de seguridad y libertad las personas, en un escenario de altos niveles de desempleo y pobreza y donde el empeoramiento de las condiciones de trabajo de quien tiene trabajo se justifica por la misma realidad del paro.

CARÁCTER SOCIAL

El presupuesto del 2017 debe abrir paso a la partida para la RGC. Es la prueba de su carácter social. No es justo apelar a la insuficiencia financiera para negar la RGC, no es justificable, cuando sabemos que estamos en un contexto de un injusta redistribución de la riqueza del país por las malas políticas fiscales que arrastramos hace años, sea por un injusto sistema fiscal, sea por el déficit del modelo de financiación, sea por fraude fiscal.

En el país hay riqueza suficiente para financiar la existencia material del conjunto de la sociedad. No olvidemos pobreza y libertad efectiva están relacionadas: quien es pobre no tiene capacidad de negociar sus condiciones de trabajo o de existencia.