Fondos europeos: Divergencia pese a la UE

Desde  su adhesión en 1986, España ha recibido de la Unión Europea (UE) más de 160.000 millones de euros de los fondos estructurales regionales para facilitar la convergencia hacia el nivel de renta europeo y corregir las carencias en infraestructuras y en el ámbito socioeconómico y  medioambiental. La inyección de fondos ascendió de media anual a 2.400 millones de 1989 a 1993, a 5.900 millones de 1994-1999 y a 8.900 millones del 2000 al 2006, según el análisis de Santiago Álvarez García y de Juan José Rubio Guerrero de las universidades de Oviedo y de Castilla-La Mancha. Pese al recorte que se produjo a partir del 2007, los fondos aún supusieron una inyección europea a las regiones españolas de 5.000 millones de media anual del 2007 al 2013. En actual paquete presupuestario 2014-2020, España podría recibir otros 5.000 millones anuales de media si el Gobierno y las autonomías aprovechan las partidas previstas.

Este Plan Marshall europeo contribuyó decisivamente al crecimiento de España. El producto interior bruto (PIB) per cápita pasó de equivaler al 69% de la media de la UE en 1985 (antes de su adhesión) al 103% de la media de la UE en el 2007, antes de la crisis financiera. Ahora se sitúa en el 90% de la media europea a causa de la crisis y de las dos recesiones que siguieron, según Eurostat (2015).

REDUCCIÓN A PARTIR DEL 2007

Gracias a los fondos europeos, el PIB español fue cada año más alto de lo que hubiera sido sin esas ayudas en una media del 1,75% (1989-1993), del 3,3% (1994-1999) y del 3% (2000-2006), indica el estudio del profesor de Economía Aplicada Gervasio Cordero, de la Universidad Complutense. La reducción de los fondos a partir del 2007 ha contribuido a agravar la crisis.

Las ayudas regionales europeas se han concentrado en las autonomías más pobres (renta per cápita inferior al 75% de la media europea), que  eran Andalucía, Extremadura, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, Canarias y Ceuta y Melilla. Las otras comunidades podían beneficiarse de las ayudas para planes de reconversión regional, de integración social e inserción laboral, del fondo de cohesión y de la cooperación interregional y transfronteriza.

Las comunidades más pobres han recibido más de la mitad de los fondos estructurales, siendo Andalucía, la más poblada de ese grupo, la principal receptora, con el 21,4% del total de los fondos del 1986 al 1999 y el 25,6% del 2000 al 2006, según el informe de José Luis González Vallvé, antiguo responsable de fondos regionales en Bruselas. Las otras mayores receptoras de 1986 al 2006 fueron Galicia (11% del total), Castilla y León (10%) y Valencia (10%). En el otro grupo de comunidades, Catalunya fue la que captó más ayudas: el 7,8% de los fondos de 1986 a 1993 y el 7% del 2000 al 2006.

LOS PAÍSES DEL ESTE

Debido al desarrollo económico y a la rebaja del umbral de región pobre a causa de la adhesión de los países del Este (efecto estadístico), la mayor parte de comunidades españolas han salido de esa categoría, excepto Extremadura. Las que aún se benefician de un régimen transitorio de salida en el periodo 2014-2020 son Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia, Ceuta y Melilla.

Los fondos europeos han impulsado el crecimiento y el empleo de todas las regiones gracias a la inversión pública en sus territorios, pero no han contribuido a reducir de forma significativa las desigualdades regionales dentro de España. Así, por ejemplo, el PIB per cápita de Andalucía, que en 1985 era el 77,9% de la media española, se situó en el 73,9% en el 2015, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los fondos europeos han dotado a las comunidades pobres de infraestructuras y equipamientos básicos de los que carecían y han evitado su retroceso. Pero no han modificado sus estructuras socioeconómicas, lo que les impide reducir distancias con las  más desarrolladas, como señala el Consejo Económico y Social en un estudio sobre la distribución de la renta en España.