La ficción del proceso

El miércoles, la líder cupera Anna Gabriel exigía del Govern un compromiso explícito para llevar a cabo el referéndum unilateral que pasaría por que la policía autonómica no hiciera cumplir las suspensiones del Tribunal Constitucional ni las órdenes de cualquier otro órgano judicial. "Necesitamos que los Mossos puedan garantizar ese referéndum y que no se cojan de la mano del Código Penal, del TC, de España…", diciendo esto subrayaba involuntariamente la enorme ficción sobre la que descansa el agónico proceso. La hoja de ruta hacia la independencia se sostiene sobre la creencia de que a partir de un cierto momento empezará a operar una legalidad catalana diferente de la española, que permitirá actuar al margen de la Constitución, el Estatuto y los tribunales de justicia.

Para la forma totalitaria de razonar de la CUP, que desprecia lo que significa vivir en un Estado de derecho, la policía debería ya actuar siguiendo instrucciones políticas, de ahí su enorme enfado ante las actuaciones de oficio de los Mossos y las detenciones de sus concejales en las últimas semanas por causas diversas. El choque con el Govern ha sido de alto voltaje y amenaza más de lo que algunos piensan la aprobación de los presupuestos para el 2017, cuya decisión depende de una asamblea cupera siempre de incierto resultado.

DOS ESTRATEGIAS

Por ahora, el bloque separatista ha reducido esa contradicción al desencuentro de dos estrategias. La desobediencia continua y creciente que propugnan los anticapitalistas frente a la tesis de desobedecer de golpe, cuando se apruebe la ley de la transitoriedad jurídica, que imaginan en JxSí. Detrás de esta última teoría se encuentra el asesor del Govern, Carles Viver Pi-Sunyer, que juega a ser el Carl Schmitt catalán desde que empezó el proceso en el 2012. Ese jurista alemán sostenía en los fatídicos años 30 que los conflictos no pueden resolverse a partir del respeto a un sistema de normas legales preexistentes sino en base al decisionismo político, justificado por situaciones históricas de excepción que fundan una nueva legalidad.

La similitud con lo que algunos pretenden hacer en Catalunya salta a la vista. Recordemos que en Alemania eso justificó el régimen nazi y la destrucción de la Constitución de Weimar. Mucho cuidado, pues, con apelar a momentos históricos excepcionales y a construir una nueva legalidad a partir de un supuesto mandato del pueblo catalán.

Que Carme Forcadell haya tenido que prestar declaración en el TSJC es completamente lógico, como también que acabe suspendida del cargo si insiste en su actitud. No se la investiga por haber dado curso a un debate de ideas, como reza la propaganda separatista, sino por permitir una votación a favor de iniciar un proceso constituyente en pos de una república catalana que destruye la Constitución y el Estatuto. Fue advertida que no debía consentirlo. Lo mismo sucedería en cualquier otro Estado europeo. La llamada "judicialización de la política" es triste pero inevitable cuando se actúa de forma desleal con el objetivo de liquidar la democracia y el derecho.