Eulen y el trabajo 'offshore'

Recuento de los votos de los vigilantes de Eulen en El Prat, que han decidido mantener la huelga.

Recuento de los votos de los vigilantes de Eulen en El Prat, que han decidido mantener la huelga. / periodico

Albert Sáez

Albert Sáez

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Los trabajadores han perdido en esta crisis muchas de las armas que tenían para negociar con las empresas. Algunas porque los empresarios les han ganado la partida haciendo lobby con los legisladores. Otras porque habían quedado obsoletas. Y las menos porque se habían producido abusos. En este contexto, las administraciones y las empresas públicas son islas hiperreguladas en las que los trabajadores mantienen la mayoría de sus derechos aunque en muchas ocasiones sea a costa de unos salarios bajos que se compensan con pluses de todo tipo, mayor protección social y una extrema rigidez funcional y horaria. En algunas zonas del sector público aún rige un principio que me explicó un veterano sindicalista: "el salario lo cobramos por ser de la empresa, trabajar nos lo han de pagar aparte".  Esta asimetría en las condiciones laborales ha dado pie a infinidad de externalizaciones, muy especialmente en el sector público. Eulen, la empresa que gestiona los controles de seguridad en el aeropuerto de El Prat, está especializada en prestar servicios a administraciones y grandes empresas en lo que se denomina el 'facility management', es decir el cuidado de las instalaciones y todo tipo de actividad que se realiza por turnos durante los 365 días al año. El salario base de un funcionario o trabajador público sería el mismo que el de un empleado de Eulen para hacer el mismo trabajo, pero lo compensaría con un montón de complementos, pluses y derechos vinculados a trabajar por la noche, los domingos o en turnos de doce horas durante cuatro días a la semana. Eulen a lo que se dedica en el fondo es a contratar personal que trabaja para el sector público en un territorio legalmente 'offshore', es decir, fuera del perímetro del estatuto de la función pública. Por eso Aena cuando era 100% pública decidió externalizar el control de seguridad de los aeropuertos. Fuera de su perímetro laboral, el coste del servicio se reduce al sueldo base. Lo que nadie pensó es que esos trabajadores precarizados tenían la posibilidad de secuestrar a miles de pasajeros. Hay servicios que además de públicos son esenciales. Así que ahora vuelve la Guardia Civil, con sus pluses que pagamos entre todos.