El error de pasar de la financiación autonómica

Forzado por las circunstancias y en un intento de demostrar que este Gobierno será más dialogante, el nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy ya ha anunciado que ahora sí que toca y se dan las condiciones para empezar a negociar un nuevo sistema de financiación de las autonomías. Hasta ahora había ido dando largas a este asunto, crucial para poder realizar una política más o menos propia en cada comunidad, a pesar de que la ley le obligaba en un plazo que se acabó hace ya más de dos años. 

En este tiempo, el Govern de la Generalitat y el del Estado se han distanciado más que nunca. Pero a la vez, todos los estudios e informes sobre los efectos del sistema de financiación han demostrado que este no ha dado los resultados de equidad que se pretendían y que ha acabado siendo muy injusto para las comunidades que más contribuyen. En este grupo destacan Madrid, Catalunya, Baleares y Valencia. Aunque en una reciente cumbre de consejeros de Economia de Catalunya y Baleares, el vicepresidente de la Generalitat y 'conseller' de Economia, Oriol Junqueras, recalcó que su Govern ya está en otro marco político y también se mostró dispuesto a colaborar para caminar hacia un mejor sistema, aunque sin asumir un papel destacado en ello. Otras voces han sido después más radicales y han aseverado que Catalunya ni siquiera participará en esta negociación. Sería un error, y además sería también contradictorio con la reclamación de la celebración de un referéndum con todas las de la ley sobre la independencia de Catalunya. Porque si realmente esta consulta tiene sentido, ha de ser posible tanto que gane el sí, como que lo haga el no. Y en este caso, si los catalanes decidiesen mantenerse dentro de España lo harían con un nuevo sistema de financiación que podría continuar siendo igual o más injusto que el actual, y en el que no se habría notado ningún esfuerzo reformista desde Catalunya.

Muchas de las leyes que se están promoviendo para crear lo que desde el Govern llaman estructuras de Estado tienen una gran cantidad de normativa que, de hecho, podría ponerse en marcha en el marco actual. Hay muchas competencias en materia fiscal, por ejemplo, en las que otras autonomías están mucho más avanzadas. En cuestiones de recaudación de los propios tributos, sin ir más lejos. O en labores de inspección, en las que se creó un cuerpo de funcionarios de elite a finales del último mandato del 'expresident' Jordi Pujol y que nunca ha llegado a actuar con todas las potencialidades que podría tener.

Dicho de otro modo, mientras que en las estructuras internas, al menos sobre el papel, se están preparando muchas mejoras que ya quedarán, sea cual sea el resultado de un hipotético referéndum, se hace alarde, sin demasiado sentido, de no entrar en negociaciones con el Gobierno central en un tema tan básico como la financiación.