Entre la estabilidad y la corrupción

De pronto, la voluntad popular expresada en las urnas se ha convertido en uno de los argumentos para intentar mantener en el poder a un partido, el PP, que ha sido condenado por aprovecharse de una red corrupta. Nadie dimite. Nadie asume responsabilidades. Es cosa del pasado. Evidentemente, como toda cosa juzgada. El desconocido ciudadano M.Rajoy tampoco aparece.

La sentencia de la primera etapa del caso Gürtel'  ha tenido efectos en los mercados y en la economía, es cierto. Un buen ejemplo fue la  jornada bursátil del mismo jueves y la del viernes, que estuvieron marcadas por descensos.

Ante las reacciones de la oposición, con el anuncio de la moción de censura por parte del socialista Pedro Sánchez, apoyada por Podemos, al abandono del soporte parlamentario al PP anunciado por Ciudadanos, tanto desde las filas populares como de algunos sectores e instituciones empresariales próximas se han lanzado advertencias de que no es momento para inestabilidades políticas. Como si fuera muy estable mantener sin variaciones en el poder a un partido condenado, o a un presidente del Gobierno cuya credibilidad de su testimonio en los juzgados ha sido puesta en cuestión en la misma sentencia. En otras latitudes son más directos  y posiblemente habrían dicho, ante una actitud similar, que todo un jefe del Ejecutivo en ejercicio se permitió el lujo de no decir toda la verdad, o incluso de mentir, ante un tribunal. No ha sido el caso español.

El PP se resiste y pasa al contraataque, o lo intenta. Con poco más del 30% de los votos insiste en parapetarse en la voluntad popular que lo situó como primera fuerza, pero insuficiente para gobernar en solitario, para justificar que debe continuar en el poder. Incluso ha vuelto a utilizar el fantasma del terrorismo para desprestigiar a posibles apoyos políticos a Sánchez.

Mientras tanto, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado del 2018 elaborado por el Ejecutivo de Rajoy, ya superó el escollo del Congreso y no debería tener problemas para hacerlo en el  Senado, donde el PP goza de mayoría absoluta y está previsto votarlos el próximo  19 de junio. Solo se frenaría este trámite si antes se convocan elecciones anticipadas, un hecho prácticamente imposible por cuestiones de calendario.

Este hecho es un arma de doble filo, ya que por un lado obligaría al nuevo Gobierno, en caso de prosperar la moción, a gestionar unos Presupuestos que votó en contra, y por otro lado rebaja las alarmas de una inestabilidad económica, dado que la mayor herramienta de gestión de la Administración ya estaría en funcionamiento. Además, siempre queda la posibilidad de gobernar por decreto, como ha demostrado Rajoy.