Elecciones constituyentes

A medida que el proceso de autodeterminación de Catalunya ha tomado cuerpo, la tensión ambiental se ha hecho más y más densa. No debe sorprender. Aunque el propio Aznar llegó a afirmar que en democracia se podía hablar de todo, no hacía falta mucha perspicacia para sospechar que el régimen del 78 no querría debatir sobre la independencia de Catalunya a la canadiense o la británica. Aquí todo tenía que ser más duro, más áspero, más sucio. ¿Por qué? Porque si no hay reconocimiento previo del otro no puede haber diálogo y negociación entre iguales. Canadá reconoció a Quebec como sujeto político. Gran Bretaña hizo lo mismo con Escocia. Por eso hubo diálogo, negociación y votación. Punto. Pero entre nosotros el conflicto se origina, precisamente, por el no reconocimiento de Catalunya como sujeto político. Un no reconocimiento certificado por la sentencia del Tribunal Constitucional del 2010. Por eso el Estado se niega al diálogo, la negociación y la votación. Negada esta vía, solo le queda la política de la amenaza y la represión. Es decir, tensar imprudentemente de las costuras de la sociedad catalana en espera de que se impongan el miedo y la resignación. Pero la resignación es la peor opción para el soberanismo catalán. De hecho, después de los acontecimientos de las últimas semanas la única salida política real para el soberanismo es declarar la independencia y abrir un proceso constituyente, y al tiempo llamar al diálogo y la negociación. Y eso es lo que pasará hoy. Estamos, pues, ante un escenario muy abierto y lleno de incertidumbres. Un territorio inexplorado que puede generar vértigo. Pero, a pesar de todo, tenemos algunas certezas que resumo sumariamente.

La solución pasa por las urnas

Primero. La represión policial del 1-O y el discurso del Rey marcan un punto de no retorno en las relaciones entre la sociedad catalana y el Estado.

Segundo. Los poderes de Estado no están en condiciones de hacer ninguna propuesta realmente atractiva a la sociedad catalana.

Tercero. La represión que pueda ejercer España tiene como límite la amenaza a la estabilidad del euro y de la propia UE.

Cuarto. Una eventual suspensión de la Generalitat todavía haría más grande la distancia entre la sociedad catalana y el Estado.

Quinto. La suspensión temporal del autogobierno solo sería internacionalmente tolerable si va acompañada de un calendario que fije elecciones al Parlament.

Sexto. Automáticamente, las fuerzas soberanistas otorgarían a estas elecciones un carácter explícitamente y programáticamente constituyente.

Séptimo. En este contexto, las opciones electorales del bloque dinástico en Catalunya serían, por decirlo suavemente, muy poco lucidas.

En conclusión, y a pesar de las apariencias, la posición de los poderes de Estado es significatiament precaria. Sobre todo porque, se ponga como se ponga el nacionalismo español, el conflicto democrático entre el Estado y Catalunya solo se puede resolver en las urnas. Con tantas votaciones como sea necesario. Por eso el Estado está perdiendo. Lo que está por ver, sin embargo, es cuándo y cómo se formaliza de forma efectiva y definitiva la autodeterminación del pueblo catalán. El límite temporal: las próximas elecciones constituyentes.