¿Dónde está la vivienda social?

La investigación de este diario que revela que muchos de los 40 narcopisos 40 narcopisos identificados en el Raval son propiedad de bancos, inmobiliarias y fondos de inversión es solo la punta del iceberg del problema de la vivienda social en Barcelona o, mejor dicho, de la falta de ella. Siete de esos 40 narcopisos son propiedad del ayuntamiento, que los destinó a alquiler social y que han acabado convirtiéndose en centros donde se trapichea con la droga. Los demás han acabado en manos de entidades bancarias, empresas inmobiliarias o fondos de inversión debido a las consecuencias de la crisis económica, que obligaron al desalojo de los antiguos ocupantes mediante ejecuciones hipotecarias entre los años 2014 y 2017.

La proliferación de los narcopisos es un problema para el barrio y para los vecinos del Raval, que se ven sometidos a la inseguridad y a la convivencia forzada con la delincuencia. Es una anomalía que necesita una solución a la que debe contribuir la actuación policíal, pero que escapa a las competencias del ayuntamiento, que no puede por sí solo resolver el grave problema de seguridad que representa la venta de droga en el centro de la ciudad. No deja de ser, sin embargo, un aspecto concreto de un problema mucho más general como es el de la escasez de vivienda social en Barcelona. 

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El fracaso de Colau

Si hubiéramos de identificar el principal problema del mandato de Ada Colau seguramente habría coincidencia en que sería el derivado de su política de vivienda, paradójicamente el sector en el que la alcaldesa más se había comprometido a actuar dados sus antecedentes de activista antidesahucios. Hace diez días, Colau anunció la promoción de 92 pisos prefabricados destinados a alquiler social en Ciutat Vella, Sants-Montjuïc y Sant Martí, una solución de urgencia y una forma de reconocer indirectamente su fracaso en este ámbito, ya que se calcula que en sus cuatro años de mandato, solo se habrán construido 500 pisos sociales frente a los 4.000 que se edificaron durante el periodo del último alcalde socialista, Jordi Hereu.

La oposición denuncia esta carencia, y más en un ayuntamiento que tiene sus cuentas saneadas y goza de recursos y de capacidad inversora. La falta de pisos sociales de alquiler incide en los llamados "desahucios invisibles" denunciados el pasado martes por el Sindicat de Llogaters, que ha puesto en marcha la campaña #EnsQuedem y #LloguersJustos. Se trata de inquilinos que deben abandonar sus casas porque o no les renuevan el contrato de alquiler o les someten a aumentos a veces de hasta el 50% si quieren permanecer en la vivienda.

Inmobiliarias y firmas inversoras

Curiosamente, muchos de los arrendatarios que disparan al alza los alquileres son también empresas inmobiliarias o firmas inversoras. Diez de estas sociedades controlan casi 3.000 viviendas de alquiler en Barcelona, según el sindicato, que quiso acabar así con la creencia de que la mayoría de los pisos pertenecen a propietarios particulares. Esas empresas y la escasez de vivienda social son en buena parte las responsables de que los precios hayan aumentado de media un 8,3% en el 2017 hasta alcanzar los 890 euros mensuales.