ANÁLISIS
Detener a quien detiene, controlar a quien controla
Sonia Andolz
Profesora asociada de la Universitat de Barcelona.
Sonia Andolz
La actualidad vuelve a estar protagonizada por los cuerpos de seguridad, su control político, sus límites y su control. Los Mossos son el foco del debate y el tira y afloja entre el independentismo y el Estado. Se aplaude la inacción del 1-O; se critica la sobreactuación del 25 de febrero o del 25 de marzo y se culpa de forma algo caótica a los distintos responsables. Hace falta conocer mejor el funcionamiento, el papel y los límites de los cuerpos de seguridad para poder construir conciencia colectiva crítica y argumentada, tan absolutamente necesaria en cualquier sociedad democrática para evitar excesos y abusos.
En primer lugar, los cuerpos de seguridad de cualquier estado democrático tienen unas funciones claras y, entre los principios que las rigen, está el de obediencia debida. Nadie se hace policía para desobedecer de la misma forma que nadie se hace militar si no sabe acatar órdenes. La jerarquía tiene mayor peso y relevancia que en ningún otro colectivo, dado que puede incluso eximir de responsabilidad penal a quienes actúan bajo órdenes claras y directas. Así, los cuerpos de seguridad y defensa tienen una dirección bicéfala: la estratégica y la operacional. La estratégica es de carácter marcadamente civil o político y marca las líneas de actuación, el rol que se quiere tener en una sociedad. En cambio, la cúpula operacional es la que decide los detalles de cada operación en sí y depende de superiores policiales o militares.
En el escenario actual, los Mossos tienen un responsable operacional, Ferran López, mientras que el mando estratégico depende actualmente de Enric Millo (por delegación del art. 155) y, en última instancia, de Juan Ignacio Zoido como ministro del Interior. Esas dos dimensiones deben estar coordinadas, aunque las decisiones últimas de cada operación serán del mando policial. Finalmente, está la acción individual de cada agente en el desarrollo de sus obligaciones – si decide usar sus brazos o una porra extensible, menor o mayor fuerza, si decide arrastrar a alguien o intentar levantarlo –. Es precisamente esta estructura tan marcada la que permitiría aclarar y depurar responsabilidades de forma más clara y objetiva si hubiese un buen mecanismo de rendición de cuentas. ¿Qué órdenes se dieron? ¿Qué situación se acabó encontrando dicho operativo? ¿Qué hizo el conjunto o qué hicieron determinados agentes? Y así, en comités de control, se aseguraría un cumplimiento extremadamente cuidadoso y responsable con el uso de la fuerza.
Ahora bien, es necesaria voluntad política para cambiar la visión general hacia y desde los cuerpos de seguridad. Hoy por hoy, no son mayoría quienes, desde esos cuerpos, entienden que esa rendición de cuentas es también en beneficio propio. Una sociedad que entiende y valora la dificultad de esas acciones y decisiones pero que a la vez se sabe con el control final de los excesos y abusos es una sociedad más cumplidora, que respeta y entiende las actuaciones policiales y que se las hace suyas. Controlar a quien controla, ser más democráticos.
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