¿A qué nos referimos cuando hablamos de desobediencia civil?

Xavier Rius Sant

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La conversión de la consulta del 9-N a un proceso participativo a causa de su suspensión por parte del Tribunal Constitucional, motivó que algunos grupos políticos y la misma Assemblea Nacional Catalana plantearan responder a la suspensión con la desobediencia civil. Y con el escenario actual de una posibles elecciones plebiscitarias y una Declaración Unilateral de Independencia también se vuelve a proponer la desobediencia cuando el Gobierno central no quiera negociar. Pero no parece que algunas las fuerzas políticas o sociales que aseguraban que se votaría sí o sí pese a la impugnación de la consulta, estén haciendo autocrítica de los errores de análisis sobre las fuerzas y ataduras legales existentes con los que arrancó el proceso, y el significado y consecuencias de la desobediencia civil. Errores que parecen dispuestos a repetir.

El primer error fue hacer creer a la ciudadanía que, tras el fracaso del Estatut y la negativa al pacto fiscal, dificultad por dificultad, resultaba más fácil la independencia. Es aquello de que para asociarse se necesitan dos, pero para divorciarse basta con que lo quiera uno. Y para justificar su viabilidad se tomaron de manera descontextualizada los procesos de independencia de las repúblicas soviéticas y yugoslavas. Así se decía: hacemos como la Vía Báltica, realizamos el referéndum, proclamamos la independencia y forzamos a España a negociar el periodo transitorio, la posibilidad de mantener la doble nacionalidad, la continuidad del Barça en la Liga, y nuestra parte de la deuda y del fondo de pensiones.

Ante el reproche de que el caso catalán no es equiparable ni a Yugoslavia ni la URSS, dado que éstas según sus constituciones gozaban del derecho de secesión y de que España no es ni la URSS ni la antigua Yugoslavia en descomposición, algunos argumentaron que nos avalaba la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia de 2010 que estableció que la Declaración Unilateral de Independencia de Kosovo, “no había vulnerado el derecho internacional”. Pero dicha sentencia sólo puede entenderse en un contexto que no se parece en nada a Catalunya.

Kosovo, que sólo era una provincia poblada mayoritariamente por albaneses no eslavos, y vivía desde 1989 una situación de apartheid con la derogación de su autonomía. Tras la independencia, con o sin guerra de Eslovenia, Croacia, Bosnia, Macedonia y Montenegro, continuaba sin resolverse el conflicto en Kosovo. En 1999, tras años de desobediencia civil, violencia y limpieza étnica, fracasados los intentos negociadores, en marzo de 1999 llegó la intervención militar internacional tras la que la ONU estableció una administración provisional, mientras se instaba a las partes a llegar a un acuerdo. Kosovo, tutelada por la ONU consumó la desconexión total de Serbia, creó instituciones provisionales en las que Belgrado no quiso participar, y como Montenegro tomó el euro como moneda, mientras los líderes de Belgrado se negaban a colaborar con la administración transitoria y a plantear otra opción que la devolución de autonomía suprimida en 1989. Y esta situación de tutela internacional impedía a los líderes kosovares ejercer plenamente sus responsabilidades. En este contexto, y ante la imposibilidad que nadie en Serbia pudiera asumir electoralmente el tabú de firmar la renuncia sobre Kosovo, las instituciones internacionales dieron el visto bueno para que el parlamento kosovar hiciera en 2008 una declaración de independencia que fue votada por 109 de los 120 diputados. Y dos años más tarde el Tribunal de Justicia dictaminó que dicha declaración no vulneró el derecho internacional. Pero lo significativo de Kosovo había sido su desconexión de Serbia consumada años antes. Y cuando Junqueras dice emocionado de hacer la independencia ya y aprobar los presupuestos de un estado soberano, no explica cómo se fuerza y se consigue la desconeixión.

En el 'Porcés' ha habido un segundo error de gran calibre. Afirmar que la consulta sería posible pese a la impugnación del Gobierno Central. Desde que se comenzó a hablar de la consulta pregunté a secretarios municipales y gerentes de ayuntamientos de todo tipo si creían que la consulta sería posible si Rajoy la impugnaba y todos me reconocían que pese a que se pudiera realizar en pequeños municipios, sería imposible en las ciudades. Y una constatación de ello es que sólo 370 alcaldes de los cerca de 900 que arroparon a Mas el pasado día 4, facilitaron el listado de colegios electores para votar.

Y el tercer error, por no llamar frivolidad, fue el que cometió Mas al comparar el proceso catalán y sus obstaculos con los que superaron Gandhi, Luther King y Mandela. Gandhi y Luter King, al margen que acabaron asesinados, fueron capaces de impulsar en un contexto de represión y violencia, campañas de desobediencia civil que obligaron al adversario a ceder y sentarse a negociar. Además de reiteradas huelgas en Alabama, durante un año ningún ciudadano de color tomó el autobús en Montgomery, yendo todos al trabajo andando o en bicicleta, acabándose así con la segregación en el transporte. Y la India retornó a la rueca artesanal de tejer para hacer quebrar la industria textil británica que perdió el mercado de población de la India. Y posteriormente con la Marcha de Sal se rompió el monopolio británico la misma.

Cuando Mas se comparó con éstos, ¿se refería a que las administraciones y funcionarios desobedecieran y pusieran las urnas el 9N, asumiendo él las consecuencias penales que se puedieran derivar? ¿O pensaba en una desobediencia civil ciudadana para forzar a negociar el 9-N o la aceptación de la Declaración Unilateral de Independencia y el traspaso de poderes y fondos económicos, con opciones como una huelga general intermintente o detener el puerto de Barcelona seis meses?

Es evidente que el conflicto en Catalunya continuará y sólo se resolverá con una votación en las que estén abiertas todas las opciones, por su puesto la de la independencia. Pero quienes hablan ahora de plebiscitarias y luego proclamar la DUI, que aclaren qué instrumentos tienen y el precio que están dispuestos a pagar para, tras la misma, forzar a negociar al Gobierno Central. La desobediencia civil puede ser legítima, pero hay que explicar su alcance, lo qué exige a cada uno, y sus consecuencias.