Derechos sociales en retirada

Últimamente he participado en jornadas y conferencias sobre la garantía de los derechos sociales y su estado de salud y es evidente que esta empeora día a día. Su progresivo debilitamiento parece no tener freno. Basta con observar la desprotección de los derechos a una vivienda, a unos mínimos ingresos, a los suministros necesarios, a la educación universal y gratuita, a un trabajo digno, a una atención de calidad para las personas mayores, la familia y la infancia...

Estamos muy lejos de su cumplimiento porque las exigencias de la UE y de los mercados han fijado unos límites al déficit público que nos obligan a reducir el gasto -en 8.000 millones de euros, recientemente- y a alejarnos cada vez más del modelo de Estado fuerte y garante del bienestar de la ciudadanía y de sus derechos inalienables y universales que años atrás se defendía.

GANARSE EL TRABAJAO CADA DÍA

Hace ya tiempo que sufrimos una degradación que, para algunos, resulta todavía insuficiente. El presidente de la CEOE afirma que «el trabajo fijo y seguro es un concepto del siglo XIX» porque en el futuro «habrá que ganárselo todos los días». Ante lo cual me pregunto cómo puede menospreciarse de tal forma nuestra Constitución, que en su artículo 35 afirma que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho a un trabajo, o nuestro Estatut, que en el artículo 25 recoge que todo ciudadano tiene derecho a acceder a los servicios públicos de empleo y a recibir prestaciones en caso de no tener trabajo.

Si bien es cierto que el concepto de trabajo ha cambiado, no podemos aceptar sin más esta realidad, sino que deberíamos encontrar una alternativa al actual mercado laboral que permitiera a todas las personas sentirse útiles y, por lo tanto, desarrollar alguna actividad dentro o fuera de dicho mercado. Y ante las nuevas condiciones, el Estado debería garantizar unos ingresos mínimos a toda la ciudadanía para vivir dignamente, por un medio u otro.

Afirma también Juan Rosell que «la digitalización transforma los negocios y el día día de las casas», a lo cual yo añadiría que las reformas laborales realizadas para conseguir una mayor competitividad también han cambiado por completo el mundo del trabajo, y hoy tenemos en Catalunya un gran número de parados de larga duración, trabajadores pobres y familias sin ingresos. Y que es probable que la digitalización pueda generar una precariedad aún mayor entre colectivos que hora se hallan ya excluidos de la sociedad y del mercado laboral.

GARANTÍA DE INGRESOS

Pide la patronal un mayor porcentaje del PIB destinado a inversión en I+D, y lo considero muy necesario, pero creo que el Estado debería priorizar la inversión en otras políticas, como la garantía de unos ingresos a todos los que no cubren sus necesidades básicas, la atención a la infancia o la vivienda para evitar que los próximos recuentos de personas sin hogar registren un nuevo aumento, como acaba de suceder en Barcelona.

Me gustaría saber cuántos millones de euros destinan las empresas a lograr un impacto positivo entre la población más vulnerable, en lugar de buscar un mayor incremento del valor añadido de los sectores más relevantes de la economía. O cómo abandonamos los últimos puestos de la lista de países de la OCDE en términos de equidad, lo cual me parece mucho más importante que un ligero descenso en la clasificación de empresas según digitalización.

Me pregunto si el interés económico es el único que debe movernos, obviando que cada puesto de trabajo que desaparece es una persona sin empleo que quizá no volverá a trabajar jamás, y que engrosará esa gran masa de población cada vez más pobre. Sin olvidar el número también creciente de trabajadores que, a pesar de tener empleo, no perciben un sueldo que les permita superar el umbral de la pobreza. Trabajadores pobres que, seguramente, lo seguirán siendo en el futuro porque sus pensiones serán también insuficientes.

No me opongo a la innovación, la digitalización y el progreso económico, pero creo que debemos construir una sociedad más cohesionada y más igualitaria en la que las diferencias que hoy sufrimos se reduzcan progresivamente. La riqueza no puede estar en manos de unos pocos y redundar en su exclusivo beneficio; debemos recordar que somos ciudadanos de un país cuya Carta Magna reconoce nuestro derecho a vivir dignamente y establece que el Estado asegurará unas condiciones de vida adecuadas a toda la población, sin ningún tipo de discriminación.

Ha llegado el momento de decir claramente que todo ciudadano es sujeto de derechos y de reclamar su cumplimiento, así como poner en evidencia las condiciones de nuestro entorno que, lejos de contribuir a lograrlo, limitan el ejercicio de los derechos humanos.