Derecho a saber quién alquila el piso

Parece mentira, pero es así: mucha gente está alquilando un piso para un fin de semana turístico a través de plataformas de internet, entre las que destaca Airbnb, sin que sepa a ciencia cierta quién es su propietario. Nos ponemos las manos a la cabeza cuando se hace público un caso de las mafias que se dedican a ocupar pisos y después alquilarlos, con tomas de luz y agua ilegales incluidas, y en cambio parece normal que esto pueda hacerse prácticamente igual con finalidades lucrativas y dedicadas a los turistas solo porque la tramitación se hace 'on line'. Desde que salieron a la luz los primeros casos de propietarios que se han visto sorprendidos porqué el inquilino legal de su piso se ha dedicado a realquilarlo ilegalmente a corto plazo mediante las ofertas en red se ha producido un alud de denuncias de casos similares. Y lo que parecía un problema individual se ha constatado que es colectivo.

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Cuando alguien alquila un coche tiene muy claro quién es el propietario: lo pone en su ficha técnica. Curiosamente, no sucede lo mismo con un piso. Hasta el punto de que ahora el Ministerio de Hacienda español ultima un decreto para obligar a las plataformas de alquiler de viviendas de uso turístico a identificar a sus propietarios, así como del titular de derecho en virtud del cual se cede la vivienda con fines turísticos. Exigir esta información es clave en la lucha contra el fraude fiscal, mejora la seguridad del propio turista y seguramente evitaría muchos de los casos de realquiler ilegal. Y eso no tiene nada que ver con restricciones a la economía colaborativa. Sirva como ejemplo que existen plataformas de tipo dedicadas al arrendamiento de furgonetas y autocaravanas en las que consta, de forma destacada, quién es el propietario, si está al día del seguro y si cumple todas las normativas, con el compromiso del responsable del servicio por internet de haber comprobado esas informaciones.

Adaptar la legislación a estos cambios de hábitos sociales y económicos no es fácil. Valgan como ejemplo los problemas que tienen en París, una de las ciudades más turísticas del mundo, para limitar las infracciones con los alquileres turísticos. Ahora han decidido que a partir de diciembre será necesario que los propietarios obtengan un número de registro de apartamento turístico antes de poder anunciarlo por las plataformas. Y dan una cifra contundente para justificar esta medida: en los últimos cinco años se han perdido 20.000 pisos de alquiler de primera residencia en el mercado parisino, mientras que el de uso turístico se ha disparado (solo Airbnb ofrece más de 65.000 viviendas en París en su web), con la consiguiente expulsión de parisinos de su ciudad por la subida de precios. Quizá va siendo hora de debatir socialmente si éste es el tipo de ciudad al que se aspira o no.