Derecho, política y la pared

Una de las cosas que llaman la atención estas últimas semanas es sin duda la creciente invocación de que lo que está pasando con el proceso soberanista  «no es un tema jurídico sino político», y esta afirmación se repite una y otra vez con diversas variantes. Parecería que mencionar tal o cual aspecto jurídico de la cuestión se debe a una especie de malentendido, cuando no a una soterrada mala intención de los que tienen reservas sobre todo el asunto. No sabemos si quienes dicen tal cosa, sobre todo en el caso de los que conocen la diferencia entre uno y otro concepto (por ejemplo, los políticos y muchos analistas y comentaristas), lo hacen por error o deliberadamente. El tema merece una aclaración, pensando sobre todo en la gente no experta que no acaba de entender la sensación de confusión creciente.

En un sistema jurídico como el nuestro (Catalunya, España y Europa) lo político y lo jurídico van indisociablemente ligados. Y cuando hay un problema, la política se topa con el derecho, con la expresión jurídica del asunto. Viene esto a cuenta de varias cosas, pero por citar una, nos referimos a la especie de guerra de movimientos del Govern y el Parlament  con el Tribunal Constitucional (TC).  La acusación de que el Constitucional está politizado viene de lejos, y tiene en parte fundamento en el modo de designación de sus miembros, otro caso más de patrimonialización de las instituciones por parte de los partidos políticos, que por cierto se extiende a la casi totalidad de instituciones conocidas, pues a cada escala (estatal, autonómica, municipal) los partidos -en función de mayorías y minorías- tienden a querer controlarlo todo.

En el caso que nos ocupa, sin embargo, el problema es otro. La Generalitat (sobre todo el Govern, pero también el Parlament) hace cosas contradictorias. Por un lado, en su día insta a que el TC decida rápido (puesto que la suspensión cautelar de la ley de consultas y del decreto posterior lo fue), pero se olvida de que legalmente hay unos pasos a dar, y por ejemplo el TC queda a la espera de que sean las instituciones catalanas las que presenten sus alegaciones, trámite sin el cual no puede haber pronunciamiento, y estas no solo tardan en llegar, sino que se plantea además la recusación de dos miembros del tribunal. Ello conllevó un retraso adicional, puesto que el tribunal no podía resolver aquello (levantar o no la suspensión de la norma) sin decidir antes sobre la recusación mencionada. Además del retraso, se ha desestimado la recusación, como era previsible. Tampoco se entiende la guerra de guerrillas de ir creando por decreto comités y comisiones que, por definición, se derivan exclusivamente de la invocación de dos normas suspendidas cautelarmente. Es decir, que estos decretos sucesivos carecen de momento de base legal, y el Govern lo sabe perfectamente. Entonces, ¿por qué lo hace? O bien porque no tiene buenos asesores jurídicos, que los tiene, o bien porque cree realmente que está demostrando habilidad política frente a las exigencias jurídicas del problema creado. Bien, cabría una tercera explicación, que descartamos por absurda y poco respetuosa: que el asesoramiento técnico-jurídico de las instituciones de la Generalitat sea defectuoso. No, la responsabilidad está en el campo político. Se trata de un intento de cortocircuitar la debilidad en el frente jurídico mediante una gran  habilidad política. Quizá la famosa astucia tan mencionada últimamente.

Es un grave error porque aquí interviene el factor tiempo. Durante dos años largos algunos políticos han podido pensar que, con un buen equipo de comunicación, apoyo mediático y la sociedad civil (que ha hecho tres grandes demostraciones de fuerza cívica), se podía apartar o aparcar la evidencia de que en el frente jurídico la batalla estaba perdida desde el primer día. Mientras había tiempo se pudo jugar a ese juego. Pero de repente, como pasa con las vacaciones veraniegas, de repente el tiempo se acelera, parece ir más deprisa y te encuentras con la pared del fondo que es la cruda realidad. La compresión del factor tiempo quedó en evidencia hace poco: entre la larga (siete horas) reunión de un viernes, para declarar escuetamente al final que había mucha unidad, y la declaración de Francesc Homs del lunes siguiente poniendo fecha a la decisión final (¿15 de octubre?) pasó un fin de semana. El dilema de fondo ha pasado a primer plano: dos partidos quieren tirar pel dret el  9-N, y los otros, no. De momento, gran astucia, se muestran muy flexibles con sus propias normas (alargar plazos de todo tipo para demostrar que el proceso sigue) y mantienen la retórica del discurso. Pero al final la Política se topa con el Derecho, y la pared de la realidad ya no deja espacio para nada.