El epílogo
Derecho a la información
Enric Hernàndez
Director
Director de EL PERIÓDICO desde el 2010 y licenciado en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona. En 1998 se incorporó al diario como redactor jefe de Política en Madrid. Un año más tarde, asumió la jefatura de la delegación y, en el 2006, fue nombrado subdirector. También trabajó en 'El País' como director adjunto y en el diario 'Avui', donde inició su carrera profesional.
ENRIC Hernàndez
Cada vez que se convoca una huelga general, los periodistas afrontamos idéntico dilema: secundar el paro, privando así a la ciudadanía del inviolable derecho a la información que consagra la Constitución; o por contra cumplir con nuestra función social de narrar todo lo que acontece en el mundo, incluidas las movilizaciones de los sindicatos. Pero estos últimos no suelen reparar en tales disquisiciones: su gran reto en jornadas como las de hoy, junto a la paralización de transporte público, sanidad y educación, es evitar que los periódicos lleguen a los quioscos.
Por la complejidad intelectual y técnica que entraña la elaboración de un diario, no hay empresa capaz de hacerlo en un día de huelga sin una masa crítica de trabajadores dispuestos a tirar del carro. El periodista se enfrenta, pues, a una disyuntiva moral que va más allá de ideologías, filiaciones o percepciones acerca de las motivaciones de la huelga. Si usted está leyendo hoy estas páginas es porque, pese a las consignas sindicales en favor de un apagón informativo, buena parte de quienes las confeccionamos ayer decidimos, libremente, acudir al trabajo.
Conjuradas para espantar el fantasma del fracaso, las centrales sindicales han movilizando a todos sus liberados para evitar que los indecisos, que son legión, frustren este órdago a los poderes Ejecutivo y Legislativo, responsables de la reforma laboral objeto de discordia. Hasta aquí, todo normal. Pero hoy el foco deberemos ponerlo en el comportamiento que tengan durante todo el día los llamados piquetes informativos. En territorios como Catalunya, donde Generalitat y sindicatos firmaron un generoso y pacífico pacto de servicios mínimos, no serían de recibo coacciones ni sabotajes, por poner un ejemplo, en la ya capitidisminuida oferta de transporte público.
Después del 29-S
Es deber de los sindicatos movilizar a los trabajadores cuando se recortan sus derechos. Pero también será su responsabilidad, tras el 29-S, aparcar los dogmatismos y alcanzar con Gobierno y empresarios acuerdos que corrijan las disfunciones de nuestro modelo productivo.
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